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MILITARES Y TRAFICO DE DROGA.



Bogotá, 27 de enero de 2007
MILITARES Y TRAFICO
DE DROGA.
COMISION INTERECLESIAL
DE JUSTICIA Y PAZ
 
La Fiscalía General de la Nación tiene todos los elementos en mano. La detención reciente del General (r) PAUSELINO LATORRE coloca nuevamente a la luz pública el entramado Ejército- paramilitarismo-narcotráfico-aparato de justicia; a pesar de que el sábado un Juez de Garantías consideró que no hay pruebas suficientes aportadas por la Fiscalía para la detención del ex General y su familiar ex integrante de la Fiscalía General,  el ente investigador considera que hay elementos probatorios suficientes para que este ex militar y su pariente continúen vinculados a la investigación. El caso muestra las falencias del nuevo sistema acusatorio cuando se trata de pesos pesados. Por evidentes montajes líderes de organizaciones sociales son privados de su libertad, y hoy continúan allí a que el sentido común, como parte de la sana lógica, inspire la posibilidad de la libertad con garantías 
 
 
Según un investigador de la Fiscalía , citado en el artículo de El Tiempo del 25 de enero de 2008,  “se ha establecido que (el General (r) Pauselino Latorre) sirvió para el lavado de más de 2 mil millones de pesos que salieron de los negocios del narcotráfico". Ahora, “Las autoridades buscan establecer desde cuándo el general, quien estuvo también como comandante en Cali y la Brigada 17, con sede en Carepa (Antioquia), tendría vínculos con la organización”.
 
Hace un mes, el 23 de diciembre de 2007, el mismo Fiscal General había anunciado la indagatoria de 23 empresarios palmeros en la comisión de graves delitos como son los de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, usurpación de tierras, falsedad en documento público y delitos contra el medio ambiente, en las comunidades afrodescendientes y mestizas del Curvaradó, Chocó. De acuerdo con la información suministrada por el periódico El Tiempo, la actuación empresarial  se asocia con la presencia  de  estructuras paramilitares en la región desde 1996.  En similares términos en el artículo titulado el “Dossier de los palmeros”, el semanario El Espectador se refiere a este mismo caso.
 
Sin embargo, hasta ahora ni las indagatorias de los 23 vinculados se ha realizado, ni la Fiscalía General de la Nación   ha establecido la relación entre el lavado de activos que se presume se ha realizado a través de la empresa Urapalma y la Extractora Bajirá S.A. El lavado de activos en el agronegocio de la palma y la ganadería extensiva fue manifestado al diario El Tiempo por el Comandante Doble Cero, Bloque Metro, quién posteriormente a esta y otras denuncias, fue asesinado en Santa Marta.
 
Posteriormente se conoció que integrantes de la familia ZUÑIGA CABALLERO han sido vinculados en procesos por tráfico de drogas, miembros de esta familia son accionistas de Urapalma y la Extractora Bajirá S.A., lo que sugiere el lavado de activos en este agronegocio. Igualmente, se suscitan serios interrogantes respecto al uso de los recursos de FINAGRO y Banco Agrario usados en esta inversión industrial de la palma de  Curvaradó. Se ha sabido igualmente que HUGO FERNEY BERNAL MOLANO, ex alto oficial del ejército, quién se apropió de predios colectivos e individuales en el Curvaradó en Caño Manso, también se encuentra vinculado al tráfico de drogas y pedido en extradición. A la fecha el exmilitar y sus testaferros continúan disfrutando de la propiedad ocupada ilegalmente, en la que han creado proyectos productivos a través de la ONG “Colombia sin hambre”, están destruyendo bosques tropicales en medio de la presencia de la Brigada 15. Hasta hoy este entramado de vínculos no es investigado a pesar de las evidencias, de los indicios y de las verdades de apuño que se constatan en la realidad regional.
 
Desde 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había informado que la siembra de palma aceitera en esta zona había contado con la ‘protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas’. Los operativos e incursiones armadas en estos territorios han tenido el objetivo de intimidar a los miembros de las Comunidades, ya sea para que se vinculen a la producción de palma aceitera o para que desocupen el territorio[1].
 
Ahora queda a la Fiscalía atar los cabos que no están sueltos, sino que desde hace màs de 5 años son de su pleno conocimiento, y vincular en su investigación sobre violaciones de derechos humanos en el Curvaradó, mandos de estructuras armadas institucionales, parainstitucionales y traficantes de drogas. Los pobladores de la cuenca del Curvaradó, en los últimos 5 años vienen entregaron pruebas y testimonios a la Fiscalía que implican al General (r) PAUSELINO LATORRE en prácticas ilegales para proteger la siembra de palma aceitera en territorios colectivos, y en su apoyo, a los grupos paramilitares y narcotraficantes responsables del despojo de tierras en la zona.
 
Uno de los casos más conocidos es el caso del campesino del Curvaradó, ENRIQUE PETRO Forzado a vender su propiedad después de ser víctima de desplazamientos violentos y amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares. Mientras se encontraba en situación  Urapalma sembró palma aceitera en su finca. El entonces comandante de la Brigada 17, General PAUSELINO LA TORRE , facilitó la negociación del predio de ENRIQUE PETRO donde se había sembrado ilegalmente la palma, suscribiendo en calidad de testigo el acuerdo de transacción de la mejora, el cual resultó además una estafa porque PETRO nunca recibió el pago acordado. En varias ocasiones posteriormente, las empresas palmicultoras, con estrategias  paramilitares, presionaron a PETRO para que dejara de reclamar por sus tierras, y llegaron a amenazarlo de muerte en varias ocasiones.
 
Los campesinos y afrodescendientes también han denunciado repetidamente la responsabilidad del General RITO ALEJO DEL RIO en la masacre de Brisas de Curvaradó y de los sucesivos comandantes en las operaciones de tipo paramilitar y en su protección al sector empresarial en la comisión de los crímenes ambientales.
 
 
Ya es tiempo que la Fiscalía vincule en sus investigaciones a quiénes idearon, planificaron y se convirtieron en los mayores beneficiarios de estos crímenes y se definan las responsabilidades institucionales.  No se da más espera a medidas concretas que constituyen reales protección para los pobladores del Curvaradó. Hoy en día, los militares de la Brigada 15 continúan cohonestando y amparando las estructuras criminales empresariales ganaderas y palmeras. Las estructuras paramilitares continúan ordenando operaciones clandestinas, movilizándose y haciendo presentes con amenazas de muerte, retenes a la vista de todo el mundo , sin que la institucionalidad actúe. Avanza la extracción del fruto y la destrucción ambiental – deforestación intensiva- en el Curvaradó sin ninguna expresión concreta tendiente a la restitución de la propiedad
 
La inacción del Gobierno es flagrante y cada vez más expuesta a la luz pública. El reciente fallo de la Corte Constitucional declarando inexequible la Ley 1021 de 2006, “Por la cual se expide la Ley General Forestal”, recuerda nuevamente al Gobierno los deberes que ha suscrito con la ratificación del Convenio 169 de la OIT. En dicho fallo, la alta Corte argumenta que la adopción de la ley 1021 no cumplió con el deber de consultar a las comunidades indígenas y tribales afectadas por la misma, derecho reconocido por el Convenio 169 de la OIT, el cual hace parte del bloque de constitucionalidad.
 
Las violaciones contra el derecho a la consulta, al territorio y a la integridad cultural de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó constituyen otro caso emblemático de la violación, por parte del Estado colombiano, del Convenio 169 de la OIT. En febrero de 2007, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT recordó al Gobierno colombiano que las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó tienen derecho a vivir y retornar en el territorio que han venido ocupando ancestralmente y por lo tanto, “los Gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión (artículo 14, párrafo 2) (...)”[2].
 
Pero esta vez tampoco el Gobierno ha acatado las recomendaciones internacionales. No existe voluntad del gobierno nacional en materializar  el retorno de estas comunidades a sus parcelas, en condiciones de dignidad, seguridad y garantía de derechos. No existe voluntad para la protección ambiental en el Chocó sometida al saqueo, la destrucción intensiva de sus recursos, lo que es contradictorio con la mención a Colombia como uno de los 10 países protectores del medio ambiente, ¿a qué Colombia se referirán?  O tal vez ya lo sabemos, pero no lo creemos, al modelo de Estado de progreso, él de los “necro combustibles”, la extensión ganadera y las mafias.
 
 


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