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Fw: [ATTAC] INFORMATIVO 514 - Trece años de soja en Argentina



Title: INFORMATIVO 514 - Trece años de soja en Argentina
 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, August 26, 2009 2:58 PM
Subject: [ATTAC] INFORMATIVO 514 - Trece años de soja en Argentina


 

INFO 514                                                         24 de agosto de 2009
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Latinoamérica
 
HONDURAS Y LA OCUPACIÓN DEL CONTINENTE
El ataque a Sucumbíos en marzo 2008 marcó el inicio de un nuevo ciclo dentro de la estrategia estadounidense de control de su espacio vital: el Continente americano
BRASIL: MOVILIZACIONES POPULARES. Desde el 10 de agosto, más de 3 mil trabajadores sin tierra acamparon de nuevo en Brasilia para alertar al gobierno federal sobre una cuestión que, otrora, fue considerada prioritaria por el Partido de los Trabajadores (PT): la reforma agraria.
TRECE AÑOS DE SOJA EN ARGENTINA: LAS CONSECUENCIAS INEVITABLES DE UN MODELO GENOCIDA Y ECOCIDA. La amplia experiencia adquirida en Argentina después de trece años de imposición del cultivo de soja transgénica resistente al glifosato dan la oportunidad al resto del mundo de aprender la lección y no repetir los errores ni permitir las imposiciones que hicieron posible que Argentina se convirtiera en apenas una década en una “republiqueta sojera”.
MILES DE PERSONAS MÁS SE VEN OBLIGADAS EN COLOMBIA A HUIR DEL CONFLICTO ARMADO. Entre 3 y 4 millones de personas se han visto obligadas en Colombia a abandonar sus hogares debido al prolongado conflicto armado. Se cree que al menos 500.000 personas más han huido a países vecinos.
 
HONDURAS Y LA OCUPACIÓN DEL CONTINENTE

Ana Esther Ceceña
 
El ataque a Sucumbíos en marzo 2008 marcó el inicio de un nuevo ciclo dentro de la estrategia estadounidense de control de su espacio vital: el Continente americano.
 
Era el momento de creación de plataformas regionales de ataque bajo el velo de la guerra preventiva contra el terrorismo. Pero si en Palestina y el Medio Oriente había ya costumbre de recibir las ofensivas del Pentágono aderezadas con los propósitos particulares de Israel, en América no había ocurrido un ataque unilateral de un Estado a otro “en defensa de su seguridad nacional”.
 
El ataque perfiló las primeras líneas de una política de Estado que no se modificó con el cambio de gobierno (de Bush a Obama) sino que se adecuó a los tiempos de la política continental que, en esa ocasión, dio lugar a un airoso reclamo de Ecuador, secundado por la mayoría de los Presidentes de la región en la reunión de Santo Domingo.
 
Prudentemente se detuvo esta escalada militar para bajar las tensiones y dar paso al cambio de gobierno en Estados Unidos pero la necesidad de detener el crecimiento del Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y la búsqueda de caminos seguros para intervenir en la región, sobre todo frente a Venezuela, Ecuador y Bolivia, llevó nuevamente a Estados Unidos a involucrarse en proyectos desestabilizadores o directamente militaristas.
 
El golpe de Estado en Honduras, uno de los eslabones más frágiles de ALBA, conducido por un militar hondureño formado en la Escuela de las Américas, tramado en vinculación con la base de Palmerola, consultado con el personal de la Embajada norteamericana y asumido por la oligarquía hondureña -que si existe es por el auspicio de los intereses norteamericanos que requieren parapetarse en socios locales-, es el primer operativo de relanzamiento de esa escalada.
 
Mal precedente el de un gobernante legítimo, derrocado por un golpe espurio, que termina siendo acusado de violar la Constitución y por ese subterfugio es equiparado con el gobierno de los golpistas. Tan defensor como violador de la Constitución es uno como el otro en el esquema de diálogo que se impuso después del golpe.
 
Buen precedente el de un pueblo que se moviliza por el restablecimiento de la constitucionalidad y en contra de un golpe de Estado y de la militarización renovada que recuerda situaciones de un pasado cercano.
 
No obstante, el golpe en Honduras sólo anuncia lo que se vislumbra para esos gobiernos que han osado desafiar al imperio y que no cesan de ser acosados. Honduras resultó atropellado en una búsqueda por alcanzar objetivos de mayor importancia geoestratégica: Venezuela, Ecuador y Bolivia.
 
Mientras la nebulosa levantada por Honduras desvió la mirada, se volvieron a desatar los montajes para acusar de cómplices de las FARC-catalogadas como grupo terrorista en las listas del Pentágono-, a los Presidentes de Venezuela y Ecuador; y se revive un viejo acuerdo entre Colombia y Estados Unidos que otorga inmunidad a las tropas estadounidenses en suelo colombiano y permite la instalación de 7 bases militares norteamericanas que se suman a las seis ya reconocidas por el Pentágono en su Base “structure report”, sancionado por el Congreso.
 
Honduras constituyó el elemento desencadenador o, mejor, con todo y su gravedad, la cortina de humo que dio paso a la reactivación del proyecto interrumpido después del ataque a Sucumbíos: el establecimiento de una sede regional de la llamada guerra preventiva en América, justo al lado del Canal de Panamá y en la entrada misma de la cuenca amazónica pero, lo más importante en términos estratégicos coyunturales, en las fronteras de los procesos incómodos para los grandes poderes mundiales liderados por Estados Unidos.
 
Parar la militarización

Está en curso un proyecto de recolonización y disciplinamiento del Continente completo. Con la anuencia y hasta entusiasmo de las oligarquías locales, con la coparticipación de los grupos de ultraderecha instalados en algunos gobiernos de la región, se construye en América Latina mucho más que un nuevo Israel, desde donde el radio de acción se debe medir con las distancias que los aviones de guerra y monitoreo alcanzan en un solo vuelo, sin necesidad de cargar combustible; o con los tiempos de llegada a los objetivos circunstanciales, que son muy reducidos desde las posiciones colombianas; o con la capacidad de respuesta rápida ante contingencias en las principales ciudades de los alrededores: Quito, Caracas y La Paz; o con la seguridad económica que les da establecerse al lado de la franja petrolera del Orinoco, equivalente a los yacimientos de Arabia Saudí, al lado del río Amazonas, principal caudal superficial de agua dulce del Continente, al lado de los mayores yacimientos de biodiversidad del planeta, frente a Brasil y con posibilidades de aplicar la técnica del yunque y el martillo, contando con la cooperación de Perú, a cualquiera de los tres países que en Suramérica han osado desafiar al hegemón.
 
Si bien Honduras muestra claramente los límites de la democracia dentro del capitalismo, el trasfondo de Honduras, con el proyecto de instalación de nuevas bases en Colombia y la inmunidad de las tropas estadounidenses en suelo colombiano, convertiría a ese país en su totalidad en una locación del ejército de Estados Unidos que pone en riesgo la capacidad soberana de autodeterminación de los pueblos y los países de la región.
 
Las acciones de este enclave militar en América del Sur se dirigirán a los Estados enemigos o a los Estados fallidos, que, de acuerdo con las nuevas normas impulsadas por Estados Unidos, pueden ser históricamente fallidos o devenir, casi instantáneamente, Estados fallidos “por colapso”. Cualquier contingencia puede convertir a un país en un Estado fallido y, por ello, susceptible de ser intervenido. Y entre las contingencias están las relaciones de sus gobernantes con algún grupo calificado como terrorista. Es ahí que se explica la insistencia por acusar a los presidentes Chávez y Correa de mantener vínculos de colaboración con las FARC.
 
Una vez decretado el Estado fallido la intervención puede realizarse desde Colombia, que ya estará equipada para avanzar sobre sus vecinos.
 
500 años después, los habitantes de América Latina tenemos que seguir deteniendo el saqueo, la colonización y las imposiciones de todo tipo, pero si no paramos la militarización y el asentamiento de las tropas de Estados Unidos en Colombia las luchas de los últimos 500 años habrían sido en vano.
 
Nuevamente, como en los viejos tiempos, cobra un sentido profundo la consigna: ¡Yankies, go home!
 

 
BRASIL: MOVILIZACIONES POPULARES

Frei Betto

Desde el 10 de agosto, más de 3 mil trabajadores sin tierra se encuentran acampados en Brasilia para, de nuevo, alertar al gobierno federal sobre una cuestión que, otrora, fue considerada prioritaria por el Partido de los Trabajadores (PT): la reforma agraria.
El mundo gira, y hoy muchas cosas parecen estar patas arriba: quien hacía oposición a Sarney lo defiende; quien gritaba “fuera Collor” lo elogia; quien exigía reforma agraria exalta el agronegocio. Y, a pesar de las políticas sociales, 31 millones de brasileños(as) continúan sobreviviendo en la miseria. Y la violencia disemina el miedo por nuestras ciudades.
La manifestación de los sin-tierra demanda del gobierno muy poco, sobre todo si se compara con los incentivos oficiales concedidos a las empresas que degradan la Amazonia y a los usineros que, en latifundios, mantienen trabajadores en régimen de semiesclavitud.
Es urgente asentar más de 100 mil familias sin-tierra acampadas por el país en la intemperie, sobreviviendo en barracas de plástico negro al borde de las carreteras. Y cuidar de las 40 mil familias asentadas virtualmente, sólo en el papel, pues aguardan, hace tiempo, recursos para vivienda, infraestructura y producción. En los últimos seis años se financiaron sólo 40 mil casas en el área rural. También las escuelas rurales necesitan, urgentemente, de recursos.
Brasil no tiene futuro si no cambia su estructura agraria. En las tres Américas, sólo Brasil y Argentina jamás hicieron reforma agraria. El detalle es que somos un país de dimensiones continentales, con 600 millones de hectáreas cultivables.
Dos problemas crónicos encontrarían solución si nuestro país no tuviese tanta tierra ociosa, como se constata al viajar por nuestras carreteras o sobrevolar nuestro territorio: el desempleo y la violencia urbana. Los países desarrollados, como EE UU y los de Europa Occidental, con territorios mucho menores que el nuestro, obtiene una alta productividad en el campo, sin que haya latifundio. Hay, sí, un gran incentivo a la agricultura familiar.
El gobierno federal debe a la nación la actualización de los índices de productividad de las propiedades rurales intocadas desde 1975. Por exigencia constitucional tales índices deberían ser revisados cada diez años. Estos son utilizados para clasificar como productivo o improductivo un inmueble rural y agilizar, con transparencia, la expropiación de las tierras para efectos de reforma agraria.
El Ministerio de la Planificación debe a las familias sin tierra la entrega de R$ 800 millones del presupuesto del Incra previsto en el presupuesto de 2009. Ese recurso permitirá la obtención de tierras y la ejecución en el pasivo de los asentamientos.
Durante el período de permanencia del MST en Brasilia, que concluye el próximo día 21, están previstos también debates sobre la coyuntura agraria, clima y medio ambiente, energía, Seguridad Social, juventud, comunicación, género y raza, además de actividades culturales y un acto en celebración por los 25 años del MST.
Está prevista para este sábado (15/08) la jornada nacional de luchas contra la crisis, una movilización de trabajadores y desempleados, en todo el país, para asegurar estabilidad en el empleo, mejores sueldos, ampliación de los derechos, reducción de las tasas de interés e inversiones en políticas sociales.
El 19 de agosto, movimientos sociales, estudiantiles y sindicales se reunirán, en Brasilia, en defensa del petróleo, para reivindicar un nuevo marco regulatorio para la producción energética del país.
Y el día 7 de septiembre, en todo Brasil, se llevará a cabo el 15º Grito de los Excluidos, promovido por varias entidades, incluida la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB, por sus siglas en portugués) que tendrá como lema “Vida en primer lugar – la fuerza de la transformación está en la organización popular”.
La manifestación, que imprime un carácter cívico a la fecha de la independencia de Brasil, tiene por objetivo sacar a la población del inmovilismo y resaltar la importancia de fortalecer los movimientos sociales para consolidar nuestra democracia y conquistar soberanía.
La democracia no puede restringirse a las elecciones periódicas que, de momento, permiten inclusive la postulación de corruptos y reos de la justicia común. A la democracia política hay que ligar la económica, de modo de reducir la desigualdad social que avergüenza a Brasil. Sólo así conquistaremos el derecho de ser un pueblo feliz. (Traducción ALAI).

TRECE AÑOS DE SOJA EN ARGENTINA: LAS CONSECUENCIAS INEVITABLES DE UN MODELO GENOCIDA Y ECOCIDA

La amplia experiencia adquirida en Argentina después de trece años de imposición del cultivo de soja transgénica resistente al glifosato dan la oportunidad al resto del mundo de aprender la lección y no repetir los errores ni permitir las imposiciones que hicieron posible que Argentina se convirtiera en apenas una década en una “republiqueta sojera”.
 
En 1996 y de manera absolutamente solapada y antidemocrática se permitió la introducción de la soja transgénica de Monsanto en nuestros campos. Sin estudios de impacto ambiental independientes, sin ningún tipo de consulta pública, sin ninguna discusión parlamentaria ni legislación que la avale. Una simple disposición de la Secretaría de Agricultura creó en 1991 la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que a partir de allí y con amplia participación de las corporaciones “asesoró” a la secretaría sobre la aprobación de OGM.
 
Ahora, mes con mes, vivimos en Argentina la emergencia de un nuevo problema socioambiental debido a la invasión territorial producida por la imposición del monocultivo de soja transgénica de mano de Monsanto y de un puñado de terratenientes y asociaciones empresariales de siembra.
 
Los impactos de las fumigaciones, el desmonte, el desplazamiento de campesinos, la falta de alimentos, las inundaciones y sequías, las nuevas enfermedades, son moneda corriente en las noticias pero solamente desde algunos medios alternativos aparece relacionada con la “sojización”.
 
Todo esto viene de la mano de la instalación de una visión fragmentada de los problemas en que se ocultan las causas profundas de los mismos para analizarlos o mostrarlos, muchas veces de manera sensacionalista, pero siempre aislados y producidos casi como “fenómenos naturales”.
 
Por eso lo primero y fundamental es recuperar la mirada integral de la problemática. Únicamente mirando y analizando la totalidad y la complejidad de la situación se podrá llegar a alguna conclusión útil para avanzar en alguna dirección y salir de la rueda destructiva en la que el modelo de agronegocio-soja-transgénicos nos ha metido.
 
Después de trece años de expansión del cultivo de la soja transgénica en Argentina las consecuencias socioambientales son una verdadera catástrofe. Presentamos un breve repaso por los datos concretos que hablan de la tragedia de la soja en el Cono Sur.
 
En Argentina se sembrarán en la próxima temporada 18 millones de hectáreas de soja transgénica bajo la técnica de siembra directa.
 
Esta superficie representa más del 50% de la superficie agrícola del país.
 
Prácticamente 100% de la soja que se cultivará es soja transgénica resistente al herbicida glifosato (SOJA RR).
 
La SOJA RR es propiedad de Monsanto, la mayor empresa semillera del mundo y también creadora del glifosato, el herbicida que se debe utilizar para sembrar la SOJA RR. Monsanto controla 90% de las semillas transgénicas que se comercializan a nivel mundial.
 
Monsanto declaró que las ganancias generales aumentaron un 44% en 2007 con respecto al año anterior y un 120% en el 2008 en relación con el 2007.
 
Este año se aplicarán más de 200 millones de litros de glifosato sobre toda la superficie cultivada con soja en Argentina mientras en el año 1996 se utilizaban 13 millones 900 mil litros.
 
El producto comercial cuyo principio activo es el glifosato (Roundup) contiene además una serie de coadyuvantes que aumentan notablemente su toxicidad, fundamentalmente el surfactante poea (polioxietil amina) cuya toxicidad aguda es 3 a 5 veces mayor que la del glifosato.
 
Por supuesto que este uso intensivo de glifosato ya ha provocado el surgimiento de muchísimas malezas resistentes al glifosato. Algunas de las ya informadas son: Hybanthus parviflorus (Violetilla), Parietaria debilis (Yerba Fresca), Viola arvensis (Violeta Silvestre), Petunia axillaris (Petunia), Verbena litoralis (Verbena), Commelina erecta (Flor de Santa Lucía), Convulvulus arvensis (Correhuela), Ipomoea purpurea (Bejuco), Iresine difusa (Iresine) y recientemente el Sorghum halepense (Sorgo de alepo) que por ser una maleza muy difícil de controlar ha despertado gran alarma.
 
Luego de pasar más de una década negando el surgimiento de malezas resistentes, Monsanto a través de su vicepresidente admitió este hecho y propuso una solución: reemplazar a toda la soja resistente al glifosato por una nueva soja resistente a un nuevo herbicida: el dicamba —de hecho aún más tóxico que el glifosato.
 
Además se utilizarán otros herbicidas y agrotóxicos para controlar malezas y plagas del monocultivo de soja ya que la siembra directa requiere de la aplicación de otros herbicidas antes de la siembra de la soja: entre 20 y 25 millones de litros de 2-4-D, otros seis millones de litros de atrazina y unos seis millones de litros de endosulfán.
 
Esta lluvia de agrotóxicos produce tremendos impactos sobre la salud de la población, animales domésticos, cultivos alimenticios y contamina suelos, cursos de agua y el aire en toda la extensión del cultivo de soja. Suman cientos los casos denunciados por distintas organizaciones e investigadores en los cuales está perfectamente documentado el impacto de los agrotóxicos en las comunidades y sus producciones.
 
La difusión pública de estas denuncias ha llevado a que recientemente la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas solicitara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la prohibición de la fumigación con glifosato.
 
Este avance desenfrenado de la soja se ha producido a pesar de que según recientes investigaciones de la Universidad de Kansas la soja rr produce entre un 6 y un 10% menos que la soja convencional.
 
El monocultivo de soja repetido año tras años en los campos produce una intensa degradación de los suelos con una pérdida de entre 19 y 30 toneladas de suelo en función del manejo, la pendiente del suelo o el clima.
 
Cada cosecha de soja extrae año a año miles de toneladas de nutrientes de nuestro suelo que se exportan. Sólo como ejemplo podemos citar que cada año se van con la soja un millón de toneladas de nitrógeno y 160 mil toneladas de fósforo.
 
También cada cosecha de soja que se exporta se lleva unos 42500 millones de metros cúbicos de agua cada año (datos de la temporada 2004/2005) correspondiendo 28190 millones a la pampa húmeda.
 
Cada año se deforestan en Argentina más de 200 mil hectáreas de monte nativo por el avance de la frontera agrícola debido fundamentalmente a la expansión del monocultivo de soja.
 
Considerando que cada 500 hectáreas de soja requieren de un trabajador rural es evidente la expulsión de trabajadores rurales y campesinos de los territorios donde se cultiva.
 
Los grandes productores sojeros están obteniendo ganancias extraordinarias. El Grupo Los Grobo que declara cultivar 150 mil hectáreas en Argentina y en todo el Cono Sur (Paraguay, Brasil y Uruguay) apuesta a controlar 750 mil hectáreas.
 
El modelo sojero produce una enorme concentración de la tierra en pocas manos ya sea por la adquisición de la tierra por grandes productores o por su arrendamiento por los “Pooles de Siembra”. Como consecuencia en los últimos 10 años se han perdido más del 20% de los establecimientos productivos.
 
La obvia consecuencia de esta concentración es que ha disminuido de manera dramática la producción de alimentos básicos para nuestro pueblo. Por citar sólo un ejemplo: el número de explotaciones lácteas disminuyó 50 por ciento entre 1988 y 2003, pasando de 30 mil a 15 mil.
 
En el caso del algodón su producción disminuyó en un 40% en la provincia de Chaco y un 78% en la provincia de Formosa como consecuencia del avance de la soja.
 
Miles de campesinos son expulsados violentamente de sus tierras para imponer este modelo y son criminalizados por resistir los desalojos y el avance de la soja. El Mocase-vc y el Movimiento Nacional Campesino Indígena permanentemente denuncian la persecución de campesinos del movimiento a causa de resistir la expulsión de sus tierras en forma violenta para imponer el cultivo de soja.
 
Finalmente es fundamental tener presente que la introducción de la soja transgénica en Argentina fue el mecanismo elegido por Monsanto para inundar de transgénicos el Cono Sur ya que fue desde Argentina desde donde se comercializó de manera ilegal la soja transgénica a Brasil, Paraguay y Bolivia (países en los que el cultivo de los transgénicos estaba prohibido), inundando estos países de transgénicos e imponiendo así, a partir de la contaminación, la República Unida de la Soja que poco tiempo después publicitaba Syngenta.

¿Quién gobierna la República Unida de la Soja?

Los tibios intentos de las frágiles democracias latinoamericanas por poner algún límite al poder económico dominante generado por dos décadas de globalización y neoliberalización económica han encontrado en los últimos meses un topetazo contundente en la perversa alianza de grandes terratenientes con las corporaciones del agronegocio que están actuando de manera brutal en todos los países del Cono Sur.
 
No se trata aquí de hacer un juicio sobre los gobiernos democráticos de la región, ni de evaluar su capacidad de transformación de la realidad o su compromiso con los pueblos latinoamericanos. Dejamos esto para los pueblos que desde sus propios procesos van respondiendo y creando espacios para responder y construir nuevas realidades.
 
Sin embargo creemos que no es posible pasar por alto algunos hechos, unos notoriamente públicos y otros que apenas ocupan algunas columnas en los medios; todos aparentemente desconectados entre sí pero profundamente ligados en una raíz común que es la de someter a los pueblos, controlar su agricultura y su alimentación ocupando y destruyendo sus territorios.
 
Un hilo común atraviesa todas estas noticias y se fortalece como metáfora aleccionadora de las pretensiones de estos sectores: la soja [soya] transgénica y su invasión de territorios en el Cono Sur intenta ser, de hecho, la “República Unida de la Soja”.
 
Así, el lock-out patronal de los terratenientes sojeros de la Argentina que ocurrió en 2008 mostró la senda de lo que luego en Bolivia se convirtió en una feroz agresión cargada de odio, desprecio por la vida humana y racismo contra los pueblos originarios.
 
Allí aparece en escena como uno de los principales dirigentes de la “Media Luna” el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, que “casualmente” resulta ser uno de los grandes productores de soja de la región.
 
En los días de pleno recambio democrático que llenó de esperanzas al pueblo paraguayo, el país se vio también brutalmente conmocionado por la represión contra campesinos que incluso llevó a la muerte al campesino Bienvenido Melgarejo y con los grandes terratenientes anunciando que van a recurrir a las armas para defender sus latifundios.
 
En Uruguay y en medio de suaves presiones gubernamentales para establecer restricciones sobre el incremento de las áreas para el cultivo de soja con la creación de un Plan de Producción Agrícola también los grandes sojeros hicieron oír su voz y sembraron de amenazas los grandes medios.
 
Desde sus autoridades, Brasil ya se rindió a los transgénicos y ha convertido a la ctnBio en una puerta de aprobación automática de todo los que las corporaciones desean.
 
Uruguay levantó la moratoria a la aprobación de nuevos transgénicos y abrió así las puertas para el ingreso de las “nuevas” mercancías transgénicas de Monsanto. No es casual que la soja transgénica aparezca en muchas noticias: es simplemente un instrumento del control corporativo de la agricultura y el control territorial que llega de la mano de las agroempresas y sus patrones, los grandes productores y las corporaciones transnacionales.
 
Por supuesto que cada uno de estos actores tiene mecanismos de acción diferenciados: las corporaciones permanecen silenciosas y hacen sus negocios mientras invierten enormes sumas en publicidad en los medios masivos de comunicación de manera de tenerlos siempre a su favor y que nunca se publiquen en ellos los cuestionamientos públicos que reciben. También son quienes logran los apoyos de Estados Unidos en aquellos casos en que se necesita la intervención política directa o bajo las sombras.
 
En cambio, los grandes productores sojeros son los que hacen el trabajo sucio con distinto grado de brutalidad, pero siempre brutalmente demuestran su desprecio por la vida y la dignidad humana para consagrarse al único dios que conocen: el Dios Dinero. Entonces ellos sí pueden cortar rutas, desabastecer ciudades, asesinar campesinos o dividir un país.
 
La República Unida de la Soja permanece con sus murallas altas y su reino de especulación y muerte en el poder. Puede ser que detrás de la caída del muro financiero del capitalismo global también empiecen a caer las murallas de esta República. Los pueblos están listos para seguir haciéndose cargo de sus vidas y su alimentación.                                   argenpress
 
MILES DE PERSONAS MÁS SE VEN OBLIGADAS EN COLOMBIA A HUIR DEL CONFLICTO ARMADO.

Entre 3 y 4 millones de personas se han visto obligadas en Colombia a abandonar sus hogares debido al prolongado conflicto armado. Se cree que al menos 500.000 personas más han huido a países vecinos.
 
Colombia es uno de los países con mayor población desplazada internamente del mundo. El número de desplazados sigue aumentando, según un nuevo documento de Amnistía Internacional, publicado el mes pasado.
 
El informe titulado Todo queda atrás : desplazamiento interno en Colombia cuenta que unas 380.000 personas tuvieron que huir de sus hogares en 2008, lo que supuso un aumento de más del 24 por ciento con respecto a 2007, según las cifras proporcionadas por la organización de derechos humanos CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento).
 
"La difícil situación humanitaria imperante en Colombia es una de las mayores tragedias ocultas de hoy día y desmiente la afirmación del gobierno colombiano de que el país ha superado su turbulento pasado", ha manifestado Marcelo Pollack, director adjunto del Programa para América de Amnistía Internacional.
 
La mayoría de las personas desplazadas huyen de la violencia derivada de los 40 años de conflicto armado interno : muchas han sido sometidas deliberadamente a hostigamiento por la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas de seguridad en el marco de estrategias que tienen por objeto expulsar a comunidades enteras de zonas de importancia militar, estratégica o económica.
 
La gran mayoría de las personas afectadas son miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que en muchos casos viven en zonas en las que las partes en el conflicto están interesadas.
 
Gran parte de la riqueza acumulada por los paramilitares y por quienes les respaldan dentro de la política y el sector empresarial está basada en la apropiación indebida de tierras por medio de violencia o amenazas de violencia. Se calcula que se han robado de este modo entre cuatro y seis millones de hectáreas de tierras que pertenecían a millares de campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes.
 
La mayoría de las personas desplazadas huyen de sus casas precipitadamente, en situaciones de amenaza inminente para su vida. Algunas se ven separadas de sus familias o sus comunidades y tienen que huir llevando consigo únicamente lo que puedan transportar. La mayoría sufren luego discriminación en cualquier sitio al que vayan, y no tienen perspectivas de regresar alguna vez a su hogar
 
Una persona desplazada dijo a una delegación de Amnistía Internacional enviada a Colombia : "Me tocó salir de la vereda. La violencia me ha azotado. Hay presencia de PM [paramilitares] y ejército y de la guerrilla. Me mandaron papelito diciendo que me iban a matar. El papelito me llegó una noche [...] Una noche llegó un tipo con un arma a mi casa. Nos dio susto. Eran las 8 de la noche. No era para bueno. Estaba rodeando la casa con arma, nadie de la familia lo ha visto, pero un vecino sí lo vio. Me dijeron, mejor que se vaya. Yo salí con la familia, mi hija mayor y su niño incluida. Somos siete en total".
 
Amnistía Internacional ha pedido a todas las partes en el conflicto que respeten el derecho de la población civil a no verse involucrada en el conflicto.
 
Asimismo, la organización ha instado a las autoridades colombianas a que tomen medidas efectivas para impedir el desplazamiento forzado, mejorar la protección de la población civil e identificar y devolver a sus legítimos propietarios o a sus familias todas las tierras y demás bienes robados.
 
"Hasta que las autoridades colombianas no reconozcan las verdaderas consecuencias del conflicto la posibilidad de que los derechos humanos de los millones de personas afectadas estén protegidos serán mínimas", ha añadido Marcelo Pollack
                                                                                          © Amnistía Internacional
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