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Fw: [ATTAC] INFORMATIVO 518



Title: INFORMATIVO 518 - ¿UNA CORTE MUNDIAL PARA LAS TRANSNACIONALES?
 
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, September 22, 2009 3:12 PM
Subject: [ATTAC] INFORMATIVO 518 - ¿UNA CORTE MUNDIAL PARA LAS TRANSNACIONALES?



Latinoamérica

PERU - CAJAMARCA: EXIGEN FIN DE CONCESIONES MINERAS EN ZONAS ALTOANDINAS Rondas exigen cierre y retiro de empresas mineras de cabeceras de cuenca y zonas altoandinas. Anuncian jornada de lucha y exigen libertad de Alejandro Izquierdo y cese de persecución de Estinaldo Cruz y dirigentes ronderos.

PARAGUAY: LOS DILEMAS DE LUGO A un año de su asunción, Fernando Lugo debe administrar al mismo tiempo varias crisis. Por su extensión este artículo se publicará en tres partes
BOLIVIA: DES-CERTIFICACIÓN Y AMENAZAS. Las tendencias dictatoriales no van a cambiar porque Barack Obama haya sustituido a George W. Bush y anunciado un nuevo trato en sus relaciones con nuestra América. Una vez más, arrogándose atribuciones que nadie le otorgó, el gobierno de Washington “descertifica” a Bolivia en la política contra el narcotráfico; es decir, no le otorga su visto bueno, aduciendo la expulsión de la Drug  Enforcement Administration (DEA).

Latinoamérica



CAJAMARCA-PERU: EXIGEN FIN DE CONCESIONES MINERAS EN ZONAS ALTOANDINAS



PRONUNCIAMIENTO

 

Mediante el presente pronunciamiento damos a conocer los acuerdos tomados el día 05 de septiembre en el caserío de Ichuquinua, distrito de Llapa, provincia de San Miguel, regiòn Cajamarca estando presentes los dirigentes de la junta directiva de la Federación Regional de R. C. de Cajamarca y de las federaciones provinciales, distritales, comités zonales, centrales y bases ronderas, frentes de defensa de las provincias de San Miguel, Santa Cruz, y del distrito de Chugur de la Provincia de Hualgayoc-Bambamarca y la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque, por lo concerniente ante la opinión pùblica hacemos de conocimiento lo siguiente.



PRIMERO: Ratificar la autonomía e independencia y unidad de nuestra organización ronderil, defensa  de la vida, cuidado y protección de las aguas, Recursos Naturales, medio ambiente y la apuesta por un desarrollo agropecuario sostenible.

 

SEGUNDO: No permitir más expansión minera en cabeceras de cuenca de las zonas alto andinas de las provincias de San Miguel, San Pablo, Santa Cruz y Hualgayoc-Bambamarca y en toda la región Cajamarca, por poner en riesgo la vida humana, la flora, la fauna, así como  la desaparición y disminución de aguas de cuencas y micro cuencas afectando la producción agropecuaria  de los valles alto andinos de Cajamarca y los hermosos valles agrícolas de la región Lambayeque y contaminación del medio ambiente en general.

 

TERCERO: Cese y retiro inmediato de la empresa minera Buenaventura (proyecto la Zanja) y de otras transnacionales mineras que hasta la fecha están ilegalmente, en estas zonas alto andinas,  provocando inseguridad e inestabilidad social, hostigamiento, y hasta apropiaciones ilícitas de terrenos privados, violando los derechos individuales y colectivos  en las comunidades.

 

CUARTO: Que, el gobierno regional de Cajamarca, los gobiernos provinciales, distritales y de centro poblado de las provincias en mención, saquen ordenanzas municipales declarando los territorios en zonas intangibles y a su vez impulsen los ordenamientos territoriales de zonificacion ecológica y económica tal como ofreció don Jesús Coronel, actual Presidente Regional,  con el fin de garantizar un desarrollo sostenible y sustentable en la región Cajamarca y promuevan y cumplan el convenio 169 de la OIT (el derecho de consulta a los pueblos y comunidades).

 

QUINTO: A través de memoriales reiterativos que se hará llegar al gobierno regional, gobierno central, poder Ejecutivo, Legislativo, Ministerio de Energía y Minas, Defensorìa del Pueblo, pidiendo que ordenen el inmediato retiro de la empresa minera Buenaventura de la zona la Zanja y de otras transnacionales; pero a su vez para que ya no se otorgue mas permisos ni mas expansión territorial a las mineras en exploración y explotación tal es el caso de Yanacocha y Gold Fíes, mientras no se haga efectivo el ordenamiento territorial de Zonificacion ecológica y económica y lo estipulado en el convenio 169 de la OIT y demás normas legales. De no ser atendidos ni escuchados en los próximos días estaremos emprendiendo medidas de lucha y de lo que pueda suceder en adelante será de su única responsabilidad de las autoridades en mención.   

 

SEXTO: Con el fin de dar seguimiento a la lucha legal frente estos  problemas ambientales y conflictos sociales promovidos y provocados por el gobierno central y la transnacionales mineras en la región Cajamarca; las rondas campesinas en coordinación con los  frentes de defensa, y algunos alcaldes patriotas de las provincias y distritales de San Miguel, Santa Cruz Hualgayoc-Bambamarca, San Pablo, Chota y la Junta de Regantes Chancay Lambayeque, realizaremos asambleas provinciales, interprovinciales; por  ello nos estaremos reuniendo el día 25 de septiembre en el distrito de Chancay Baños de la Provincia de Santa Cruz, en donde estaremos tomando otros acuerdos con respecto a estos temas.

 

SEPTIMO: Exigimos la inmediata libertad del compañero Alejandro Izquierdo Torres dirigente de la federación regional de rondas campesinas recluido en el penal de Santa Cruz, desde el mes de diciembre del año 2008 y el cese de procesos judiciales, persecución y hostigamiento al presidente provincial de rondas campesinas de Santa Cruz Estinaldo Quispe Mego y de otros dirigentes ronderos y ronderas en la región



FEDERACION REGIONAL DE RONDAS CAMPESINAS Y URBANAS DE CAJAMARCA BASE DE LA CENTRAL UNICA NACIONAL DE RONDAS CAMPESINAS (CUNARC - PERU)

Mauricio Quiroz Torres

limaprovincias at hotmail.com <mailto:limaprovincias at hotmail.com>

PARAGUAY: LOS DILEMAS DE LUGO
Primera parte

Diego González


A un año de su asunción, Fernando Lugo debe administrar al mismo tiempo varias crisis. Por un lado, su flamante paternidad que manchó su imagen pública tanto dentro como fuera del Paraguay. Pero al día de hoy ese escándalo no es lo que desvela al presidente paraguayo. Sucede que su estrategia de navegar sin barco propio sobre un conglomerado de fuerzas casi antagónicas está rozando el abismo.
 
Así, los viejos liberales pelean espacio por espacio, tribuna por tribuna con la izquierda, que avanza en un proceso de unidad sectorial. A su vez, los liberales se desangran en eternas internas, pujando por una sucesión que deje a su línea interna lo mejor parada posible de cara a las presidenciales de 2013. La circunstancia es de tal tensión que hasta el mismísimo vicepresidente ya impulsó el juicio político para el presidente para luego romper la alianza gubernamental, que unía derecha e izquierda. Ahora, desde una posición ambigua, los liberales no terminan de ser gobierno ni oposición. Lo que ahora exigen, en boca del senador Blas Llano, es "cogobernar".
 
El 2 de abril de 2008 la "Alianza Patriótica para el Cambio" encabezada por Lugo sacó 40,83% de los votos que lo catapultaron a la presidencia. El debate ineludible giraba en torno a la conformación del frente gubernamental. Sucede que ya desde que su figura ganaba adeptos en oposición al tradicional Partido Colorado del por entonces presidente Nicanor Duarte Frutos, había un dilema. La izquierda, pequeña y dispersa, por sí sola no acumulaba lo suficiente como para quebrar la hegemonía de 61 años de los colorados. El Partido Liberal Radical Autentico (PLRA), los azules, sólo podían tener expectativas si se colaban detrás del fenómeno del outsider Lugo, quien prometía reforma agraria y renegociación con Brasil por el Tratado de la represa de Itaipú. Así fue como se conformó este nuevo frente, gelatinoso, inestable, en el que conviven derecha e izquierda.
 
Hoy, los liberales representan el 82% de la Alianza en las cámaras de senadores y de diputados. El 17% restante pertenece a representantes de izquierda. Es por esto que Lugo los necesita para la gestión, para el día a día. Y esto los liberales lo saben. Es por eso que lo utilizan como moneda de cambio negociando apoyos y presiones con su supuesto propio gobierno.
 
Sin ir más lejos, a menos de un año de haber asumido, el vicepresidente Federico Franco, del PLRA, ha impulsado sin éxito el juicio político en contra del presidente, amparado en la crisis por la paternidad del ex obispo. Ya en aquel entonces anunciaba sin eufemismos que estaba "listo para gobernar".
 
La novedad de los últimos días está dada en que el otrora aliado fiel a Lugo, el ahora senador y antes ministro de justicia y trabajo Blas Llano, se plantó y exigió cogobernar mientras anunciaba el retiro del partido de la alianza pero no del gobierno. Como explicó el titular del PLRA, Gustavo Cardozo, su partido no devolverá los tres ministerios que les dio Lugo: "Esos cargos nos pertenecen como mayoría absoluta, por ser nuestros electores los que votaron mayoritariamente por el presidente Lugo en las elecciones de 2008".
 
Los liberales hoy se debaten internamente sobre las medidas a tomar. Tres son las tendencias: una, encabezada por Efraín Alegre, Ministro de Obras Públicas, que por la envergadura del Ministerio que maneja ha ido convirtiéndose en un actor de peso. Su estrategia es acercarse a Lugo y esperar desde allí a las presidenciales del 2013. Otra ala, liderada por el senador Blas Llano, con un pie dentro y otro fuera, busca la mejor correlación de fuerzas posible para su sector, negociando y retaceando apoyos de acuerdo a la estricta coyuntura. Pero también existe una tercera línea, encabezada por el vicepresidente, abiertamente rupturista. Las dos últimas son las principales y antagónicas.


BOLIVIA: DES-CERTIFICACIÓN Y AMENAZAS

                                                                                                         Antonio Peredo Leigue*
 
Las tendencias dictatoriales no van a cambiar porque Barack Obama haya sustituido a George W. Bush y anunciado un nuevo trato en sus relaciones con nuestra América. Una vez más, arrogándose atribuciones que nadie le otorgó, el gobierno de Washington “descertifica” a Bolivia en la política contra el narcotráfico; es decir, no le otorga su visto bueno, aduciendo la expulsión de la Drug  Enforcement Administration (DEA).
 
Agregando más leña al fuego, un señor anunció, por un canal de televisión local, que su organización había establecido que los cultivos  de coca en Bolivia se estimaban en 54 mil hectáreas. Dijo algo más: para el consumo tradicional, y entrecomilló esta palabra, se requería 7 mil hectáreas de cultivo. Ni el nombre y cargo que ocupa esta persona ni el nombre de la institución que representa, aparecieron en ningún momento
en la entrevista televisada.
 
Pero el tema es la certificación o el retiro de ésta. El más grande consumidor de drogas (cocaína, opio, morfina, ‘crack’, anfetaminas y un largo etcétera) se da el rango de fiscal y envía agentes de la DEA a otros países, mientras las mafias que operan en Estados Unidos hacen negocios multimillonarios con las drogas. Es más: ese organismo, hace más de 20 años y en un escándalo que se ventiló en tribunales norteamericanos, fue acusado de controlar la elaboración de cocaína en la más grande fábrica que había entonces en Bolivia, venderla en Estados Unidos y entregar las ganancias al Cnel. Oliver North, jefe de seguridad de la Casa Blanca para la compra de armas que la CIA entregaba a la llamada ‘contra’ de Nicaragua y los grupos subversivos iraníes. El caso “Irán-contras” fue absolutamente documentado, pero los acusados quedaron en libertad y North aclamado como héroe por haber hecho ese trabajo sucio. Claro que igual reacción motivó la oficial del ejército norteamericano que administró la prisión Abu Ghraib, en Irak, donde se cometieron abusos humillantes y torturas impactantes contra los presos iraquíes.
 
Ese es el gobierno que da o quita certificados. Por supuesto, “certificó” al gobierno de Colombia, primer productor de coca destinada al narcotráfico, el cual recibe la mayor ayuda de Washington para éste y otros rubros, pues permite que se rocíe desfoliadores en amplias regiones con efectos nocivos que rebasan sus fronteras y firma acuerdos secretos para la instalación de bases militares estadounidenses en su territorio, amenazando a la democracia en la región.
 
La presencia de la DEA en Bolivia, a partir de la ley 1008 aprobada en mayo de 1988, de control del cultivo de coca, permitió la presencia en nuestro país de un número indeterminado de agentes de ese organismo que gozaban de privilegios diplomáticos y actuaban directamente en la erradicación de los cultivos. Su base en Chimoré, al centro del Chapare, no podía ser fiscalizada por ninguna autoridad boliviana y, al revés, mantenía un control directo sobre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), que actuaba según sus instrucciones. Esta fuerza estaba entrenada para erradicar los cultivos y sólo de modo secundario en la detección del narcotráfico. La prueba de la distorsión de la labor de la DEA en Bolivia es su actividad en la fábrica de drogas en Huanchaca, donde los narcotraficantes asesinaron al científico Noel Kempff Mercado y sus acompañantes; de allí la droga para la operación “Irán-contras”. Pero es también el hecho de que, desde la expulsión de ese organismo, se ha descubierto una cantidad mayor de fábricas de droga y se ha confiscado cantidades muy superiores a las que registraba la DEA.
 
Decir que, el gobierno de Washington está interesado en restablecer relaciones plenas con Bolivia, es contradictorio con las restricciones que se trata de imponer a nuestro país. El tema de las drogas no puede determinar el carácter de esa relación. Pero, aun suponiendo que así fuese, se hace necesaria una revisión de los términos en que está planteada. Habrá que revisar y modificar la Ley 1008, debe estudiarse un acuerdo distinto al que se firmó en Bogotá durante el gobierno de Jaime Paz y, sobre todo, establecer programas de lucha contra el narcotráfico en condiciones de respeto mutuo. Esto comienza por reconocer que las relaciones deben ser respetuosas de las políticas que se desarrollen en ambos países, de coordinación en los temas sociales y de equilibrio en la cuestión económica. De otra manera, las relaciones diplomáticas seguirán complicándose.
 
*Antonio Peredo Leigue es periodista, senador del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.Agencia Latinoamericana de Informacion


Advertencia: Los documentos publicados no comprometen a la asociación ATTAC salvo mención en  contrario. Pueden ser la opinión de grupos temáticos, personas u otras organizaciones. Se trata solamente de aprovechar las experiencias y las ideas disponibles para poder construir  juntos ese otro mundo posible, para reapropiarnos de nuestro porvenir


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Edición: Susana Merino