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Fw: [ATTAC] INFORMATIVO 537 - LOS OJOS ABIERTOS DE AMERICA LATINA



Title: INFORMATIVO 537 - LOS OJOS ABIERTOS DE AMERICA LATINA

 
----- Original Message -----
Sent: Monday, February 08, 2010 4:40 PM
Subject: [ATTAC] INFORMATIVO 537 - LOS OJOS ABIERTOS DE AMERICA LATINA



 


 

Los ojos abiertos de América Latina




Latinoamérica
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BOLIVIA: EVO LLAMA A LAS FFAA A LUCHAR CONTRA EL IMPERIO
El presidente Evo Morales Ayma convocó ayer a las Fuerzas Armadas (FFAA),bajo la actual coyuntura política regional y latinoamericana, a estar atentas y preparadas para luchar contra el imperialismo y el capitalismo que promueven, según denunció, la invasión de bases militares en naciones sudamericanas bajo el pretexto de lucha contra el terrorismo o el narcotráfico.
PANAMÁ: LOS OJOS ABIERTOS DE AMÉRICA LATINA Gobierno de Panamá pone fin, unila-teralmente, a la Operación Milagro, que ha devuelto la vista a 1,8 millones de seres humanos de 35 países.
COLOMBIA: “DECRETO DE EMERGENCIA SOCIAL, ATENTA CONTRA LA MEDICINA. AGRESIÓN Y MUERTE CONTRA INDÍGENAS Y NEGROS, ALARMA EN EL PAÍS” Un fuerte conflicto social ha desatado el gobierno de Uribe Vélez a lo largo y ancho del país. Aprovechando el estado de emergencia social al que ha llegado el país, el presidente Álvaro Uribe Vélez ha dictado una serie de decretos de emergencia social, con los cuales pretendía subsanar la crisis del sector salud.
MEXICO – UN INSÓLITO BANCO ANTICAPITALISTA EN LA SELVA LACANDONA Parece imposible lograr la autosuficiencia en condicions de extrema precariedad pero no lo es para los zapatistas que según asegura Roel del Consejo del Buen Gobierno Hacia la esperanza “demuestra que las cosas se pueden hacer de manera diferente…imagine, un banco anticapitalista, sin los señores banqueros  cuyos beneficios son para el pueblo!”
PERÚ. MINERÍA IMPUESTA A SANGRE Y FUEGO En el Perú el gobierno de Alan García se empeña en mantener y profundizar su política económica neoliberal e impone actividades mineras, de hidrocarburos y forestales en los territorios de las comunidades y pueblos indígenas, anteponiendo el interés individual de las empresas sobre el derecho de propiedad comunal, con el argumento del crecimiento y el desarrollo económico.


Latinoamérica

EVO LLAMA A LAS FFAA A LUCHAR CONTRA EL IMPERIO

El presidente Evo Morales Ayma convocó ayer a las Fuerzas Armadas (FFAA),?bajo la actual coyuntura política regional y latinoamericana, a estar atentas y preparadas para luchar contra el imperialismo y el capitalismo que promueven, según denunció, la invasión de bases militares en naciones sudamericanas bajo el pretexto de lucha contra el terrorismo o el narcotráfico.
 
"Las FFAA deben estar preparadas para enfrentar esos intereses del imperio que quieren invadir mediante las bases militares. Estoy convencido de que no son los pueblos que levantan armas de guerra contra el imperio, sino que es el imperio que levanta armas de guerra contra los pueblos", señaló el Mandatario boliviano durante su discurso de inauguración del año académico de las FFAA, acto celebrado en el Patio de Honor del Colegio Militar (Colmil), en el barrio de Irpavi.
 
El Jefe de Estado puntualizó que el imperio busca apoderarse de los recursos naturales de los países en desarrollo bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo. En este sentido, señaló que la nueva doctrina militar, que debe estar acorde con el Estado Plurinacional, debe servir para preparar a las FFAA contra las arremetidas de los intereses del imperio, "que quiere invadir mediante las bases militares".
 
En su discurso de posesión como Presidente, el 22 de enero, Morales atacó la política de Estados Unidos con Latinoamérica. "No aceptaremos imposiciones ni injerencias", advirtió.
El presente material se publica en Rebanadas por gentileza de la Embajada de Bolivia en la República Argentina
 
LOS OJOS ABIERTOS DE AMÉRICA LATINA
                                                                                                             
                                      Félix López

Gobierno de Panamá pone fin, unilateralmente, a la Operación Milagro, que ha devuelto la vista a 1,8 millones de seres humanos de 35 países.
 
Hoy no es un día feliz para la Operación Milagro. Este 2 de febrero el Centro Oftalmológico Omar Torrijos Herrera, ubicado en el Hospital Luis "Chicho" Fábrega, en la central provincia panameña de Veraguas, amaneció cerrado. La noticia ha generado gran repercusión mediática y angustia popular. No podía ser de otra manera, sobre todo porque les habían devuelto la visión —que es la vida misma— a 49 715 seres humanos, la mayoría pacientes pobres, en especial campesinos e indígenas.
 
Tampoco es un día feliz para los médicos y personal de la salud cubanos que allí laboraban. Saben que les quedaba mucho por hacer en ese hermano país, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha contabilizado a "69 521 personas que sufren de ceguera, de las cuales 32 056 están relacionadas con los diferentes tipos de catarata, y de estas 15 351 han perdido completamente la visión de ambos ojos"... ¿Por qué poner fin entonces a la mundialmente reconocida Operación Milagro?
 
Decisión unilateral
 
En el día de ayer, 1ro. de febrero del 2010, la Embajada de la República de Cuba en Panamá emitió una nota de prensa que despeja todas las incógnitas tras esta noticia: la decisión de concluir la Operación Milagro ha sido tomada de forma estrictamente unilateral por el gobierno panameño.
 
La nota oficial de la Embajada de Cuba explica que "el pasado 5 de enero, el gobierno cubano conoció a través de la prensa panameña, una intervención pública del Ministro de Salud, en la presentación del llamado Programa ‘Visión 20- 20' , la decisión del gobierno de Panamá de dar por terminada la cooperación médica cubana en ese país.
 
"Durante los 26 días transcurridos, la Embajada de Cuba se ha cerciorado, en diversos encuentros con altas autoridades panameñas, que no existe confusión ni malentendido alguno y que es firme esta decisión unilateral (...) Por tanto, el gobierno de Cuba ha decidido proceder a la retirada inmediata de su personal y del equipamiento médico. Lo hace con la satisfacción de haber contribuido a la elevación de los niveles de salud y de la calidad de vida del noble y fraterno pueblo panameño, en especial de sus sectores más vulnerables y de menos ingresos.
"El pueblo cubano, el gobierno y especialmente los 50 médicos y paramédicos que han trabajado en este centro por tres años, con elevado humanismo y rigor científico, plena consagración a su labor, estricta y únicamente médica, y que permanecieron separados de sus familias por muchos meses; agradecen al pueblo panameño toda su confianza y las extraordinarias y permanentes muestras de gratitud y cariño expresadas a nuestro personal".
 
Y concluye la nota con un párrafo que ha sido ampliamente reseñado en la prensa panameña: "El tiempo dirá si los interesados en la abrupta conclusión de la cooperación médica oftalmológica cubana en Panamá, con el argumento de que ha dejado de ser necesaria porque será garantizada por los sectores público y privado de la salud en ese país, están o no en lo cierto".
 
¿Qué pierde Panamá?

Inicialmente, medios de prensa panameños titularon "Dan ultimátum de salida a la Misión Milagro ". Con respeto a sus decisiones editoriales, les propongo un título más sencillo: "¿Qué pierde Panamá?". Sí, porque la Operación Milagro se desarrolla actualmente con éxito en 35 países y ha devuelto o mejorado la visión de 1,8 millones de personas. ¿Será de esa oportunidad que se priva a un pueblo? ¿Acaso la decisión de un gobierno afecta la imagen de un proyecto sin precedentes en la historia de la humanidad?
 
La respuesta también cabe en una frase sencilla, pero triste: Pierde el pueblo. Veamos por qué: desde marzo del 2007 hasta el 30 de diciembre del 2009, en el Centro Omar Torrijos Herrera se operaron 44 486 ciudadanos panameños de diversos tipos de padecimientos de la vista, que son: catarata, pterigium, retinopatía diabética, degeneraciones periféricas de la retina, glaucoma de ángulo estrecho y otras cirugías (quistes hialino, granulomas, chalazion y obstrucción de vías lagrimales).
 
Como recuerda la nota de prensa de la Embajada de Cuba en Panamá, "antes de la apertura del Centro en Veraguas, se operaron en Cuba otros 5 229 pacientes, lo que eleva la cantidad total de personas beneficiadas con la Operación Milagro en Panamá a 49 715. Fueron evaluados previamente en la pesquisa activa 92 631 pacientes y de ellos, 74 961 en consultas en el Centro Oftalmológico".
 
Al conocer estas estadísticas salta una pregunta: ¿Acaso la Operación Milagro no es complementaria de cualquier otro proyecto que surja en esta dirección? La respuesta puede encontrarse en cualquiera de los beneficiados por este proyecto. Existe otro número, que parece simple, pero que habla de la alta preparación de los especialistas cubanos que laboraban en Veraguas: entre los pacientes panameños se presentaron apenas 0.82% de casos de complicaciones posoperatorias, ninguno de gravedad, y los resultados clínicos y quirúrgicos están muy por encima de los estándares internacionales para este tipo de cirugía.
 

 
 
Lo que no olvidará Veraguas

Ubicada al centro de Panamá, la única provincia con acceso al Caribe y al Pacífico, atractiva por sus paisajes, rica por sus plantaciones de cereales, café y caña de azúcar, histórica por haber sido la cuna de ese gran amigo de Cuba que fue el General Omar Torrijos, Veraguas vivía orgullosa de haberse convertido también en el centro de los Milagros. Hasta su ciudad llegaron muchos panameños ya ciegos, que al ser operados por los médicos cubanos, abrieron sus ojos a un paisaje inolvidable.
 
Hoy, mientras usted lee esta nota, el medio centenar de especialistas cubanos que laboraban en Veraguas están de regreso a la Patria. De vuelta a casa. Llenos de historias, porque tras cada uno de sus pacientes hay una vida que contar. Tal vez muy tristes por la obra inconclusa, pero de seguro felices de sus 49 715 milagros. Saben que ellos hicieron realidad lo que había soñado el Comandante en Jefe Fidel Castro en una conversación en La Habana , durante una visita del entonces presidente Martín Torrijos.
 
En Panamá se ha puesto fin, unilateralmente, a un Convenio de Cooperación para la ejecución de programas en materia de salud (18 de marzo del 2006) y a un Acuerdo de Cooperación para la creación del Centro Oftalmológico Omar Torrijos Herrera (2 de marzo del 2007). La historia ha de reconocer que Cuba honró su compromiso. En Veraguas, de seguro, se recordará con cariño a esos médicos y por años se hablará de sus "milagros".
 
Este 2 de febrero, mientras los médicos cubanos en Panamá regresaban a la Isla , centenares de sus colegas amanecieron en los quirófanos de las clínicas de la Operación Milagro en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Argentina... Y gracias a su labor otros miles de hermanos de América Latina abrieron sus ojos.
www.panamaprofundo.org
 
COLOMBIA: “DECRETO DE EMERGENCIA SOCIAL, ATENTA CONTRA LA MEDICINA. AGRESIÓN Y MUERTE CONTRA INDÍGENAS Y NEGROS, ALARMA EN EL PAÍS”

Apolinar Díaz – Callejas


Un fuerte conflicto social ha desatado el gobierno de Uribe Vélez a lo largo y ancho del país. Aprovechando el estado de emergencia social al que ha llegado el país, el presidente Álvaro Uribe Vélez ha dictado una serie de decretos de emergencia social, con los cuales pretendía subsanar la crisis del sector salud.
 
El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Gustavo Malagón, ha declarado que esos decretos “representan un atentado contra la medicina y la profesión, agresión que nunca se había registrado ni en esta ni en ninguna otra democracia”.
 
Dejó claro el médico Malagón que la Academia Nacional de Medicina ha manifestado en diferentes ocasiones su protesta frente a las medidas, “por lo que representa una creciente desprofesionalización de la medicina, que se encuentra amparada en un sistema de aseguramiento que es de carácter eminentemente comercial”. Los decretos expedidos significan la abolición del componente más importante: “La autonomía del profesional de la salud”. Igualmente destaca que: “las guías o estándares no pueden ser camisa de fuerza que obliguen al médico a pasar por encima del juicio racional para determinar qué es lo mejor para el paciente”. “Igualmente la Academia de Medicina no puede ser motivo de sanciones y que estas representan una afrenta que la profesión médica no puede aceptar”.
 
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) manifestó su rechazo urgente a los decretos emitidos en el marco de la emergencia social, a través de un comunicado expedido el domingo. El presidente de la ACSC, Javier Pérez, expresó que “los decretos atentan contra el pleno ejercicio del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos, vulnerando su autonomía del ejercicio de los profesionales de la salud, y ponen en peligro la seguridad y la calidad de la atención médica”.
 
A su vez, la directora de ACOPER, Luz Victoria Salazar, una de las asociaciones para pacientes de alto costo, expresó que la declaratoria de emergencia y los decretos “pasaron de ser una esperanza para la vida de los pacientes que depende o puede llegar a depender de un procedimiento o medicamento no POS, un atentado dirigido desde el Estado contra sus ciudadanos.
 
El pronunciamiento de la doctora Salazar fue hecho en un comunicado, en el que expresó su indignación ante la medida que evalúa los Estados Financieros de los pacientes que requieren servicios no POS. Según la directora, esta medida cuestiona las necesidades del paciente y el principio de equidad que tienen todas las personas de ser atendidas.
 
Este conflicto en el sector médico colombiano muestra la política agresiva y autoritaria del gobierno del presidente Uribe Vélez que atropella las reglas médicas establecidas en Colombia en garantía de un buen servicio médico para los pacientes.
 
La profundidad del conflicto creado por el presiente Uribe Vélez en los hechos que estamos denunciando, muestran la agresión gubernamental misma contra la práctica de la medicina en Colombia, como un nuevo agravante de la ola de crímenes que se cometen diariamente en todo el territorio nacional, contra la población común y corriente, grupos indígenas y raciales, jóvenes y niños escolares de familias indígenas y muchos otros casos, que por censura de la propia prensa nacional no son divulgados para poner al descubierto la profundidad de la crisis a que está llegando el régimen dictatorial colombiano del presidente Uribe Vélez.
 
Al pie de las anteriores informaciones, el periódico El Universal, de febrero 2 de los corrientes, denunció según confesó y aceptó el propio presidente Uribe Vélez, “el bombardeo de un avión de la Fuerza Aérea sobre territorio indígena de la comunidad Embera Katío en el resguardo Urada Jiguamiandó en Alto de Guayabal, Chocó, y en la cual resultaron heridos 6 personas, entre los que se encuentran dos menores de edad, un bebé de 6 meses y otro de 20 días de nacido”. El presidente reconoció que aún no ha sido notificado de esa acción pero dijo que las Fuerzas Aéreas Armadas Colombianas son muy cuidadosas. El común de la gente se pregunta: ¿y los heridos y demás víctimas de la violencia oficial qué?
 
Contrariamente a lo dicho por el presidente, lo que se ha venido registrando en Colombia es una creciente expansión de los asesinatos de indígenas y otros grupos raciales por las fuerzas armadas colombianas en las zonas de población indígenas y otras comunidades de origen africano junto a los de colombianos comunes y corrientes. El susto y el temor a las agresiones armadas de las fuerzas gubernamentales, ha venido llenando de terror el territorio nacional donde habitan esas poblaciones. Es parte esencial del estado de pavor, represión y miedo en que viven esas organizaciones raciales, sin poder obtener garantías serias y reales a sus vidas. La represión a las poblaciones indígenas y a los grupos étnicos que llegaron de África, está ocupando cada vez más páginas en la estrechez y pequeñeces y limitación de la gran prensa colombiana sobre esos sucesos, para ocultarlos.
 
(especial para ARGENPRESS.info)
               
MEXICO – UN INSÓLITO BANCO ANTICAPITALISTA EN LA SELVA LACANDONA

Gloria Muñoz Ramírez


La Realidad, Chiapas. Las aldeas zapatistas enfrentan todos los días nuevos desafíos con el objeto de mantener la real autonomía de sus territorios. Es una historia de éxitos y de obstáculos, de creación, de invención y de puesta en práctica de nuevas ideas. Se trata, para ellos, de perder el miedo a equivocarse en el camino emprendido en 1994, que balizaron con la creación de los gobiernos autónomos en 2005 y que continúan trazando todos los días. Y todo esto bajo la presión del hostigamiento de los militares y de los paramilitares, del encarnizamiento policial y de los proyectos del gobierno que pretenden dividir a las comunidades; a todo esto se ha agregado la penuria en gran escala que sufren las más de 40 comunas autónomas en resistencia. La autonomía se construye casi a partir de nada. Y es a partir de esa nada que nació hace más de un año el Banco popular autónomo zapatista (Banpaz) en la región de la selva fronteriza. (1)
 
Parece imposible lograr la autosuficiencia en condiciones de extrema precariedad pero no lo es para los zapatistas que según asegura Roel del Consejo del Buen Gobierno Hacia la esperanza “demuestra que las cosas se pueden hacer de manera diferente…imagine, un banco anticapitalista, sin los señores banqueros  
cuyos beneficios son para el pueblo!”

La sede del gobierno autónomo de la selva fronteriza es el caracol (2) “Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños” Existen en esa región cuatro comunas autónomas y es la primera que ha puesto en funcionamiento el banco popular, una iniciativa que se apoya fuertemente, como todos los proyectos autónomos en las decisiones de las asambleas comunitarias. La concepción de este banco, los debates para definirlo, la toma de decisiones y la puesta en marcha son reflejo de las prácticas colectivas y democráticas que predominan en las comunidades indígenas zapatistas.
 
Los procesos de autonomía de las bases de apoyo del EZLN (3) incluyen sistemas de salud, de educación, proyectos de producción medios de comunicación y nuevas formas de comercialización de los productos (4) todo dentro de las más precarias condiciones pero con el principal objeto de poner en práctica uno de los principios fundamentales del zapatismo: el de mandar obedeciendo, que se traduce en formas de gobierno en las que las decisiones se apoyan en el consenso de las aldeas. Pero nada es ideal y sin problemas. Los hay “y muchos… lo que sucede es que  
aquí buscamos la solución de los problemas todos juntos. Si algo no marcha, no nos detenemos, buscamos la manera de lograrlo. Tomamos las cosas en serio y terminamos por lograrlo. Todos podemos equivocarnos pero cuando el error es colectivo no hay culpable”, explica Roel  responsable de la organización autónoma, que termina su mandato al frente del Consejo de Buen Gobierno.

 
Y precisamente uno de esos problemas es que aunque existe un sistema autónomo de salud, resulta insuficiente para atender enfermedades graves y en ese caso los pacientes deben dejar la aldea e ir a buscar  atención especializada y para eso es necesario dinero, para pagar el transporte y la atención médica. Ellos no tienen dinero y buscan a alguien a quién pedírselo prestado.

Hace algunos años vimos perfilarse en los valles de la selva Lacandona, el espectro de la emigración. Centenares de indígenas, zapatistas o no dejaron la región en busca de trabajo. La disminución de los precios de sus productos agrícolas y la necesidad de intermediarios para su comercialización provocaron ese flujo de hombres, en su mayoría jóvenes hacia las ciudades turísticas del sur del país (Cancún y Ciudad del Carmen) y también hacia los EEUU. Así comenzaron a llegar las divisas a la comunidad y algunas familias juntaron un pequeño peculio con el que comenzaron el comercio usurario o “coyotaje” como se lo llama en la región.
 
La urgente necesidad de dinero para afrontar el grave problema de la salud, por un lado, el aumento del coyotaje por el otro dieron lugar a cada vez más el abuso de los prestamistas, que requirieron un interés mensual de entre el 15 y el 20%. Con la soga al cuello y sin ninguna otra posibilidad, los indígenas, cualesquiera fuere su filiación política, recurrieron a esos préstamos. Pero los zapatistas comenzaron a rechazar este estado de cosas y a “buscar como superar esta situación”

“Los miembros de las comunidades se abocaron a discutir como resolver el problema de los préstamos. Comenzaron las asambleas en el 2008 y aldea por aldea discutimos la idea de crear un pequeño banco destinado a resolver los problemas de salud más urgentes, en los casos que por su gravedad no pueden ser atendidos por los servicios autónomos de salud”
explica Roel.

En caso de urgencia, agrega “es necesario desplazar al enfermo para que pueda ser atendido por especialistas y como no se tenía dinero había que recurrir a los coyotes. De modo que nació la idea de crear un banco de préstamos y se abrió el debate sobre como hacerlo. Las comunidades decidieron que hacía falta percibir intereses, pero que debían ser pequeños. Con esos intereses se incrementarían los fondos del banco lo que permitiría así hacer más préstamos. Finalmente se decidió que el interés sería del 2% mensual Una vez decidida la tasa de interés para préstamos relacionados con motivos  
de salud, las asambleas discutieron la posibilidad de otorgar préstamos a proyectos colectivos, cooperativas y sociedades y para esos préstamos decidieron un interés del 5%. Al principio se pensó también en préstamos para proyectos individuales, pero”, explica el representante del Consejo de Buen Gobierno “nos dimos cuenta de que esos préstamos estaban destinados  pura y simplemente a encarar negocios y los suspendimos. Solo quedaron vigentes los préstamos para problemas de salud y en una segunda etapa los préstamos para proyectos colectivos. Lo importante aquí es que nada se decide individualmente y que son las aldeas las que analizan cada etapa y deciden lo que les conviene”

En cada caso es la comunidad a que pertenece el prestatario la que decide y los pobladores son testigos. De este modo toda la aldea se halla informada de que uno de sus miembros ha solicitado dinero al banco y que debe reembolsarlo. Quienes piden un préstamo fijan ellos mismo el plazo de devolución, en función de sus posibilidades. Los plazos pueden  
ser de seis meses, un año o aún más. Las aldeas de las otras comunas autónomas también son informadas de cada uno de los préstamos; se trata dicen las autoridades de la región  “de que estemos todos comprometidos”.

Para hacer posible la existencia del banco popular se reunió un fondo inicial con el aporte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con una parte de las ganancias del transporte colectivo que administra el Consejo y con una donación llegada del exterior para un chico enfermó que no necesitaba todo el dinero y la familia y la asamblea decidieron que el excedente fuera destinado al fondo colectivo. También decidieron que el impuesto que cobran las aldeas a las empresas que construyen caminos que pasan por sus comunidades sea también agregado a dicho fondo.
 
En este proyecto, advierte Roel “no se trata de hacer negocios, se trata solamente de hacer frente a las necesidades de las aldeas y hasta ahora todo el mundo está satisfecho porque se ve que la idea camina y se pueden resolver los problemas colectivamente”

Para estas aldeas rebeldes, el Banco popular autónomo zapatista “es una parte de nuestra autonomía, en la que podemos crear nosotros mismos nuestras propios recursos económicos, nuestos alimento, nuestros servicios de salud, de educación, nuestros medios de comunicación y nuestros sistemas de comercialización. Lo hacemos con menor dependencia cada día con relación al exterior, porque al principio (hace ya seis años) comenzamos con bastantes apoyos externos. Ahora somos cada día más independientes y por lo tanto más autónomos”

De hecho este es uno de los primeros proyectos de la autonomía zapatista en la que no interviene ningún factor  
o ayuda de la sociedad civil nacional o internacional. “Todo ha sido interno. Lo que sucede es que nosotros probamos hasta que las cosas funcionan. Y si no funcionan no nos quedamos de brazos cruzados sino que tratamos de hacerlas de otra manera” afirma Roel con la convicción y el orgullo de alguien que ha crecido durante 25 años con la lucha zapatista.

“La colectividad” afirma “es la base, lo que nos fortalece en nuestra condición de zapatistas” Y en este proceso, el Consejo de Buen Gobierno de la selva fronteriza considera que la participación de las mujeres en el logro de la autonomía constituye uno de los mayores éxitos. Teniéndolas en cuenta dice “la vida de las aldeas ha cambiado. Lo comprendimos poco a poco y aquí todo cambió”

Para las chicas y los muchachos que crecieron en la autonomía “el tema de la participación de las mujeres ya no se plantea” En otros tiempos admiten los miembros del Consejo “hubiera sido impensable que los beneficiarios de los préstamos del Banpaz hubieran sido las mujeres y se hubieran otorgado solo a los hombres, pero actualmente tambiñen se otorgan a ellas y asumen la responsabilidad”

Aquí afirman “todo es ahora diferente”
www.alterinfos.org
– Traducción Susana Merino
 
PERÚ. MINERÍA IMPUESTA A SANGRE Y FUEGO

Wilwer Vilca Quispe


En el Perú el gobierno de Alan García se empeña en mantener y profundizar su política económica neoliberal e impone actividades mineras, de hidrocarburos y forestales en los territorios de las comunidades y pueblos indígenas, anteponiendo el interés individual de las empresas sobre el derecho de propiedad comunal, con el argumento del crecimiento y el desarrollo económico. Para ello no duda en expedir normas inconstitucionales ni, peor aun, en recurrir a la fuerza militar y policial, incluyendo la muerte de autoridades y líderes indígenas. Es la aplicación de su “filosofía” expresada en “El síndrome del perro del hortelano”, ya convertida en programa de gobierno.
 
Una radiografía de esta política la constituye el proyecto minero Río Blanco, de las empresas Xiamen Zijin Mining (china) y Monterrico Metals (británica), a las que el Estado dota de cuerpo policial y militar para proteger sus operaciones. “Protección” que hasta la fecha ha provocado la muerte de cinco indígenas, entre autoridades y líderes, además de dejar heridos, torturados y secuestrados. Al mismo tiempo se despliega todo el Poder Judicial para denunciar y procesar a los líderes que exigen respeto a sus derechos territoriales y modelos de desarrollo, los cuales fueron ratificados en una Consulta Vecinal desarrollada el 16 de septiembre de 2007, cuando más del 90 por ciento de la población de la zona rechazó la presencia minera en sus territorios.
 
Es bastante conocido por la comunidad internacional que América Latina en general basa su economía en la exportación primaria de minerales. Por eso los gobiernos ofertan espacios territoriales de los pueblos indígenas, para que toda empresa interesada obtenga concesiones para la exploración y explotación. A esta actividad económica se le da máxima prioridad, por lo que todo proyecto minero viable económicamente es declarado de “interés nacional”, para cubrir de legalidad la violación de todos los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.
 
La estadística de concesiones mineras en el Perú demuestra que sólo en el lapso de un año (de noviembre de 2008 a noviembre de 2009) el territorio nacional concesionado a la minería se expandió del 13.46% al 15.38%. Es decir, 19,573.752 hectáreas poseen hoy concesiones mineras, sin contar las concesiones de hidrocarburos que a la fecha abarcan el 75% del territorio de la amazonía peruana. Este mapa de concesiones viene provocando conflictos sociales en todo el país. La Defensoría del Pueblo registró en octubre de este año 286 conflictos, de los cuales 132, es decir el 46%, corresponden a conflictos socioambientales.
 
Esta política de venta indiscriminada de espacios de vida de los pueblos indígenas es acompañada de una política de criminalización, militarización y violación a los derechos de los pueblos indígenas. La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI PERÚ, tiene registrados, hasta la fecha, a 242 autoridades y líderes comunales (162 varones y 80 mujeres) denunciados por diversos delitos como: contra la seguridad pública, en su modalidad de peligro común – arrebato de armamento; homicidio culposo; contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de lesiones graves; contra el patrimonio, en su modalidad de daños contra la propiedad privada; contra la seguridad pública, en su modalidad de atentado contra los medios de transporte, comunicación y otros. También malversación de fondos y todo delito que se puede imputar. Todos denunciados por agentes de empresas mineras y en algunos casos por representantes del Estado.
 
En el caso específico del proyecto Río Blanco, por las acciones de protección del medio ambiente ante la inminente presencia de la actividad minera que provocaría la destrucción y contaminación de un afluente importante del río Amazonas, hay 173 dirigentes y líderes procesados, de los cuales 156 son varones y 17 son mujeres. A esta lista se deben sumar los cinco líderes asesinados por la fuerza policial. Y los comuneros torturados en las instalaciones de la empresa de seguridad de la mina por paramilitares y policías (julio/agosto del 2005).
 
Todo esto se inscribe dentro de una política de gobierno que trata de “solucionar” los conflictos sociales expandiendo el sistema penal, antes de atenderlos con políticas públicas diferenciales para pueblos indígenas y construir un país democrático e incluyente. De esta manera se violan derechos constitucionales como la libertad de opinión, expresión, reunión, asociación, etc.
 
En este escenario, los retos para las comunidades indígenas del Perú, en especial para las organizaciones que tienen representatividad legítima, son muchos y muy arduos, teniendo en cuenta que estamos ad portas de las elecciones municipales y regionales del 2010 y las presidenciales del 2011, las cuales harán imprescindible considerar en las propuestas políticas de los candidatos el respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y un mecanismo de control de cumplimento de estas promesas durante las gestiones. Porque hay una larguísima experiencia de que los candidatos ofrecen todo lo que el pueblo quiera escuchar y llegados al cargo aplican sus propias lógicas de desarrollo. Si avanzara el brazo político que se viene gestando desde las organizaciones campesinas e indígenas, éste debería tener un proceso diferente al de los partidos tradicionalistas que cuestionan y lograr una estructura colectiva para que el movimiento no recaiga en la imagen de una o dos personas.
 
Otros retos están enfocados a seguir construyendo la consciencia colectiva mediante los mecanismos de exigibilidad del ejercicio de sus derechos: a la autodeterminación, territorio, consulta previa e informada, ambiente sano y saludable, participación política, etc. y lo más importante: definir e intensificar el modelo de desarrollo comunal como mecanismo de protección de su espacio de vida. el gobierno de Alan García se empeña en mantener y profundizar su política económica neoliberal e impone actividades mineras, de hidrocarburos y forestales en los territorios de las comunidades y pueblos indígenas, anteponiendo el interés individual de las empresas sobre el derecho de propiedad comunal, con el argumento del crecimiento y el desarrollo económico. Para ello no duda en expedir normas inconstitucionales ni, peor aun, en recurrir a la fuerza militar y policial, incluyendo la muerte de autoridades y líderes indígenas. Es la aplicación de su “filosofía” expresada en “El síndrome del perro del hortelano”, ya convertida en programa de gobierno.
 
Una radiografía de esta política la constituye el proyecto minero Río Blanco, de las empresas Xiamen Zijin Mining (china) y Monterrico Metals (británica), a las que el Estado dota de cuerpo policial y militar para proteger sus operaciones. “Protección” que hasta la fecha ha provocado la muerte de cinco indígenas, entre autoridades y líderes, además de dejar heridos, torturados y secuestrados. Al mismo tiempo se despliega todo el Poder Judicial para denunciar y procesar a los líderes que exigen respeto a sus derechos territoriales y modelos de desarrollo, los cuales fueron ratificados en una Consulta Vecinal desarrollada el 16 de septiembre de 2007, cuando más del 90 por ciento de la población de la zona rechazó la presencia minera en sus territorios.
 
Es bastante conocido por la comunidad internacional que América Latina en general basa su economía en la exportación primaria de minerales. Por eso los gobiernos ofertan espacios territoriales de los pueblos indígenas, para que toda empresa interesada obtenga concesiones para la exploración y explotación. A esta actividad económica se le da máxima prioridad, por lo que todo proyecto minero viable económicamente es declarado de “interés nacional”, para cubrir de legalidad la violación de todos los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.
 
La estadística de concesiones mineras en el Perú demuestra que sólo en el lapso de un año (de noviembre de 2008 a noviembre de 2009) el territorio nacional concesionado a la minería se expandió del 13.46% al 15.38%. Es decir, 19,573.752 hectáreas poseen hoy concesiones mineras, sin contar las concesiones de hidrocarburos que a la fecha abarcan el 75% del territorio de la amazonía peruana. Este mapa de concesiones viene provocando conflictos sociales en todo el país. La Defensoría del Pueblo registró en octubre de este año 286 conflictos, de los cuales 132, es decir el 46%, corresponden a conflictos socioambientales.
 
Esta política de venta indiscriminada de espacios de vida de los pueblos indígenas es acompañada de una política de criminalización, militarización y violación a los derechos de los pueblos indígenas. La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI PERÚ, tiene registrados, hasta la fecha, a 242 autoridades y líderes comunales (162 varones y 80 mujeres) denunciados por diversos delitos como: contra la seguridad pública, en su modalidad de peligro común – arrebato de armamento; homicidio culposo; contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de lesiones graves; contra el patrimonio, en su modalidad de daños contra la propiedad privada; contra la seguridad pública, en su modalidad de atentado contra los medios de transporte, comunicación y otros. También malversación de fondos y todo delito que se puede imputar. Todos denunciados por agentes de empresas mineras y en algunos casos por representantes del Estado.
 
En el caso específico del proyecto Río Blanco, por las acciones de protección del medio ambiente ante la inminente presencia de la actividad minera que provocaría la destrucción y contaminación de un afluente importante del río Amazonas, hay 173 dirigentes y líderes procesados, de los cuales 156 son varones y 17 son mujeres. A esta lista se deben sumar los cinco líderes asesinados por la fuerza policial. Y los comuneros torturados en las instalaciones de la empresa de seguridad de la mina por paramilitares y policías (julio/agosto del 2005).
 
Todo esto se inscribe dentro de una política de gobierno que trata de “solucionar” los conflictos sociales expandiendo el sistema penal, antes de atenderlos con políticas públicas diferenciales para pueblos indígenas y construir un país democrático e incluyente. De esta manera se violan derechos constitucionales como la libertad de opinión, expresión, reunión, asociación, etc.
 
En este escenario, los retos para las comunidades indígenas del Perú, en especial para las organizaciones que tienen representatividad legítima, son muchos y muy arduos, teniendo en cuenta que estamos ad portas de las elecciones municipales y regionales del 2010 y las presidenciales del 2011, las cuales harán imprescindible considerar en las propuestas políticas de los candidatos el respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y un mecanismo de control de cumplimento de estas promesas durante las gestiones. Porque hay una larguísima experiencia de que los candidatos ofrecen todo lo que el pueblo quiera escuchar y llegados al cargo aplican sus propias lógicas de desarrollo. Si avanzara el brazo político que se viene gestando desde las organizaciones campesinas e indígenas, éste debería tener un proceso diferente al de los partidos tradicionalistas que cuestionan y lograr una estructura colectiva para que el movimiento no recaiga en la imagen de una o dos personas.
 
Otros retos están enfocados a seguir construyendo la consciencia colectiva mediante los mecanismos de exigibilidad del ejercicio de sus derechos: a la autodeterminación, territorio, consulta previa e informada, ambiente sano y saludable, participación política, etc. y lo más importante: definir e intensificar el modelo de desarrollo comunal como mecanismo de protección de su espacio de vida.
 
 
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Edición Susana Merino



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