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Fw: [ATTAC] INFORMATIVO 644



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Sent: Monday, March 05, 2012 2:45 PM
Subject: [ATTAC] INFORMATIVO 644

 

Latinoamèrica

BOLIVIA: SE AVECINA NUEVA BATALLA POR EL TIPNIS Indignados y, sobre todo, engañados se sienten los indígenas que el año pasado marcharon hacia La Paz para evitar que una carretera atraviese el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

BRASIL: ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS SE UNEN POR DEMANDAS AGRARIAS HISTÓRICAS.  Al comienzo de esta semana, campesinos y organizaciones indígenas se reunieron en Brasilia, capital federal del país, para luchar por sus demandas históricas presentando a la sociedad un manifiesto en que critican el modelo de desarrollo brasileño y reafirman los ejes centrales de su lucha.

HAITI; PLATAFORMA ORGANIZACIONES REVELA VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS PRACTICADAS POR LA MINUSTAH DESDE 2004. El informe señala que cada vez más la actuación de la Minustah en Haití es blanco de críticas severas por parte de la sociedad haitiana. Esto puede ser constatado al recordar las innumerables manifestaciones de la población y de la sociedad civil organizada pidiendo el retiro de los militares

DESARROLLO  A LA CHILENA. EL CASO DE LA REGIÓN DE ATACAMA Lejos de representar un modelo de desarrollo, el patrón de acumulación chileno, que ha posibilitado alcanzar elogiadas cifras en el ámbito macroeconómico, tiene como principal puntal a la desregulación laboral y la desprotección ambiental, junto a la baja carga impositiva al gran empresariado, en especial a la "inversión extranjera”.

Latinoamérica

BOLIVIA: SE AVECINA NUEVA BATALLA POR TIPNIS

Ricardo Herrera, desde Santa Cruz

TIPNIS.jpgDirigente indígena Adolfo  Chávez muestra la firma de los representantes de 15 comunidades del TIPNIS que rechazan la carretera. (Foto: Ricardo Herrera)  

Indignados y, sobre todo, engañados se sienten los indígenas que el año pasado marcharon hacia La Paz para evitar que una carretera atraviese el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Su molestia está dirigida hacia el presidente Evo Morales, gestor de la nueva Ley 222 de consulta a los habitantes del TIPNIS, que fue promulgada el 9 de febrero, a través de la cual se busca la aprobación de los habitantes del TIPNIS para reanudar el polémico camino en dicha reserva natural. Esta norma elude la Ley 180 de protección del TIPNIS, que fue consensuada con ellos en octubre del 2011, que prohíbe la construcción de cualquier tipo de carretera por el parque y establece la intangibilidad de ese territorio.

Los indígenas preparan una nueva marcha hacia La Paz para marzo próximo y esperan que se les unan otras organizaciones sociales del país, anunció Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), organización que lideró el año pasado la marcha en defensa del parque.

"No aceptamos la nueva ley y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque se han violentado los derechos de los pueblos indígenas del TIPNIS, ya que la consulta previa debió hacerse antes de que se iniciaran las obras y se firmaran los acuerdos con la empresa brasileña OAS [que ejecuta el proyecto], como establece la Constitución Política del Estado desde el 2009, y no ahora, que ya están en plena construcción de los tramos 1 y 3”, dijo Chávez a Noticias Aliadas.

El líder indígena insistió en que no se oponen a la construcción del camino de 177 km que unirá Villa Tunari, en el céntrico departamento de Cochabamba, con San Ignacio de Moxos, en Beni, en el nororiente; lo que objetan es que el tramo 2 atraviese la mitad del parque, porque temen que provoque deforestación y la invasión de colonos productores de hoja de coca a esa región en la que habitan más de 60 comunidades de origen yuracare, chimán y moxeño.

El TIPNIS es una de las zonas más importantes de la orografía de Beni, porque infiltra, recarga y distribuye aguas a un sector de ese departamento. Además es una de las cinco aéreas protegidas de Bolivia que también tienen la condición de ser territorios indígenas. Allí conviven más de 400 especies de aves y peces de gran importancia para el ecosistema de la región.

Marchas y contramarchas

El 15 de agosto del 2011 cerca de 700 indígenas iniciaron en Trinidad, capital de Beni, la Marcha de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia. Apoyados también por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), de la zona andina del país, los manifestantes establecieron una plataforma con 16 demandas, donde la principal era el rechazo a que la carretera atravesara el TIPNIS.

El 25 de setiembre, cuando los marchistas se encontraban en la región de Chaparina, cerca de la población nororiental de Yucumo, la Policía intervino brutalmente el campamento donde descansaban, lo que provocó el rechazo generalizado de diversos sectores y organizaciones del país. Luego de 65 días de caminata, la marcha llegó hasta la ciudad de La Paz y tuvo un multitudinario recibimiento de la población.

Presionado por las circunstancias, el 25 de octubre el presidente Morales firmó la Ley 180 o ‘ley corta', como también es conocida, que establecía que ninguna carretera pasaría por el TIPNIS e incluyó el concepto de intangibilidad, bastante restrictivo por insistencia del gobierno, porque prohíbe hasta proyectos ecoturísticos que estaban siendo aplicados por algunas comunidades.

Sin embargo, a fines de diciembre del año pasado, el Consejo Indígena del Sur (CONISUR), que representa a más de una decena de comunidades del TIPNIS, inició una marcha a favor de la construcción de la carretera señalando que contribuiría a mejorar el acceso de sus pueblos a la salud y educación. Sectores opositores a Morales y representantes de la CIDOB dijeron que detrás de ese reclamo estaba la mano del gobierno que buscaba la forma de contrarrestar la "ley corta”, que todavía sigue vigente.

La "contramarcha” motivó que autoridades gubernamentales y el CONISUR propusieran la Ley 222 para consultar a los pueblos indígenas del TIPNIS acerca de la carretera y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa gracias a la mayoría con la que cuenta el oficialismo.

Compromisos con constructora

"En nuestro país, que se dice indígena, se violan nuestros derechos. El presidente lo que firma con la mano lo borra con el codo al día siguiente. Nos cierra las puertas y minimiza a los indígenas de las tierras bajas. Por ejemplo, hasta ahora no se ha determinado quiénes fueron los responsables de la intervención policial a la marcha”, reclama Yudith Rivero Burgos, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB).

La dirigente, de origen chimán, asegura que la insistencia del gobierno por construir la carretera es porque debe cumplir con compromisos establecidos con la empresa ejecutora y con los productores de coca que viven en las comunidades aledañas al parque y que habrian formado parte de la marcha del CONISUR.

"No existen productores de coca en el CONISUR; lo que pasa es que los hermanos de la CIDOB han tratado de hacer quedar mal a la marcha y a mi persona. Nosotros vamos a bajar y consultar a todas las organizaciones del TIPNIS y no vamos a ir a hablar con una persona o un dirigente. Ni les daremos plata como ellos lo están haciendo. Nosotros vamos a reflexionar con las bases para preguntarles si quieren morir pobres o superarse, porque al no tener caminos no hemos tenido acceso a la educación y la salud”, afirma Gumersindo Pradel, líder del CONISUR que se ha comprometido a apoyar la organización de la consulta.

Por su parte, la CIDOB formó tres comisiones que visitaron las comunidades del TIPNIS desde el 30 de enero para buscar respaldos a la Ley 180 y asegura que 32 de las 35 que han visitado se oponen a que la vía caminera atraviese el parque.

La nueva norma ha establecido un plazo de 120 días —que se cumple en junio— para la realización de la consulta. El procedimiento todavía no ha sido definido porque no existe una normativa de consulta previa, pero el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando, declaró a la radioemisora Red Patria Nueva, que la consulta será de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS.

Cabe indicar que las instancias de decisión en dicha región son a través de las reuniones de corregidores, que son los encargados de aplicar las leyes en provincias y cantones y de los cabildos, que consisten en reuniones públicas en la que participan todos los habitantes de la comunidad y se pronuncian sobre asuntos de interés colectivo.

De acuerdo al último Censo Nacional del 2001, el TIPNIS alberga a 12,388 habitantes. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales estiman que la población llega a casi 15,000.

ADITAL - Servicio Informativo sobre América Latina y el Caribe producido por Comunicaciones Aliadas

BRASIL: ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS SE UNEN POR DEMANDAS AGRARIAS HISTÓRICAS

Natasha Pitts

mujeres.jpgAl comienzo de esta semana, campesinos y organizaciones indígenas se reunieron en Brasilia, capital federal del país, para luchar por sus demandas históricas. En la tarde de ayer (28), en acto público realizado en el Plenario 15 de la Cámara de Diputados, las organizaciones han presentado a la sociedad un manifiesto en que critican el modelo de desarrollo brasileño y reafirman los ejes centrales de su lucha.

Durante el Seminario Nacional de Organizaciones Sociales del Campo, celebrado los días 27 y 28, líderes de más de 10 organizaciones campesinas e indígenas se reunieron para discutir la necesidad de intensificar y unificar la lucha en defensa de la reforma agraria, los derechos territoriales y la producción de alimentos saludables.

Según Rosângela Piovizani, integrante de la Vía Campesina, organización campesina presente en países de Asia, África, América y Europa, el taller se celebró para discutir cómo hacer para que el Gobierno Federal asuma responsablemente problemas como la reforma agraria, las deudas rurales y la educación en el campo.

"Hay gran descontento, porque en los últimos años no hay recursos para la agricultura familiar campesina, pero si hay recursos para el agro-negocio y las exportaciones. Unidas en torno a una agenda unificada, las organizaciones del campo van a actuar intensamente para reivindicar demandas sobre cuestiones que funcionaron mal, como la educación en el campo, el aumento en la aplicación de pesticidas, el incentivo al agro-negocio, así como la misma reforma agraria que no avanzó, porque no hay voluntad política para realizar las expropiaciones y hacer nuevos asentamientos”, argumenta criticando.

En el manifiesto elaborado durante el Seminario Nacional, las organizaciones participantes también critican el modelo de producción de commodities, productos agrícolas funcionales al latifundio y, por consiguiente basados en la expulsión de las familias del campo.

"El Brasil vive un proceso de retorno al sector primario de la economía (re-primarización) , basada en la producción y exportación commodities agrícolas y no agrícolas (minería), esta economía, es incapaz de financiar y promover un desarrollo sostenible y satisfacer las necesidades del pueblo brasileño," señala.

Centradas en la lucha contra la mercantilización de los bienes naturales, la concentración de la tierra y su control por extranjeros, el uso excesivo de agroquímicos, la violencia en el campo, la criminalización de los movimientos sociales, líderes y luchas sociales y otros problemas que afectan el campo, las organizaciones campesinas e indígenas, reafirman que su lucha continuará orientada a un desarrollo sostenible y centrada en la soberanía alimentaria y territorial.

Esta lucha está orientada por cuatro ejes centrales, que son: Reforma Agraria profunda y de calidad, garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y quilombolas y de las comunidades tradicionales; desarrollo rural con distribución de la renta y de la riqueza y el fin de las desigualdades; producción y acceso a alimentos saludables y conservación del medio ambiente, estableciendo procesos que aseguren la transición a una agricultura agroecológica; y garantía y ampliación de los derechos sociales y culturales que permitan calidad de vida, continuidad de la vida rural y permanencia de los jóvenes en el campo.

La cooperación debe venir no sólo de los parlamentarios y sectores de Gobierno. Las organizaciones sociales esperan también el apoyo y la adhesión de otras organizaciones y movimientos sociales, de personalidades y la sociedad en general, ya que las cuestiones reivindicadas tienen consecuencias en la vida de miles de brasileros y brasileras.

El Seminario Nacional de Organizaciones Sociales del Campo contó con la participación de la Asociación de pueblos indígenas de Brasil (Apib), CÁRITAS Brasileira, Consejo Indigenista Misionero (Cimi), Comisión Pastoral Tierra (CPT), la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas (Contag), Confederación Nacional de los Trabajadores en Agricultura Familiar (Fetraf), Movimiento de los Afectados por Represas (MAB por sigla en portugués), Movimiento Campesino Popular (MCP), Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC), Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) y de la Vía Campesina Brasil.

Adital

HAITI: LA PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES REVELA VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS PRACTICADAS POR LAMINUSTAH DESDE 2004

Natasha Pitts

Haiti.jpgRecientemente, la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (POHDH) divulgó el informe La Minustah y la violación de los Derechos Humanos en Haití mostrando el fracaso y los perjuicios causados por la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, que desde 2004 ocupa el país con el pretexto de garantizar la paz, instalar un estado de derecho y ofrecer seguridad.

El informe señala que cada vez más la actuación de la Minustah en Haití es blanco de críticas severas por parte de la sociedad haitiana. Esto puede ser constatado al recordar las innumerables manifestaciones de la población y de la sociedad civil organizada pidiendo el retiro de los militares.

No por casualidad el pueblo pide que los ‘cascos azules' -como se conoce a los soldados- emprendan la retirada. El informe de la Plataforma de Organizaciones Haitianas revela que el clima de inseguridad creció después de la llegada de las tropas y recuerda que la introducción y propagación del cólera fueron obras de los militares de la Minustah.

El documento también cita las atrocidades cometidas por los militares, sobre todo en los barrios más pobres, como Cité Soleil, Bel Air y Martisant, ya que hay registros de operaciones donde mataron, hirieron, maltrataron y destruyeron bienes privados. De febrero de 2004 a diciembre de 2006, sólo en la región metropolitana de la capital, Puerto Príncipe, 74 personas fueron muertas en las intervenciones de la Minustah. En otros departamentos también fueron catalogadas violaciones de derechos. La POHDH cita el ahorcamiento de general Gilles en el Cabo Haitiano, la violación de Johny Jean en Port-Salut y la de Roody Jean en Gonaives, y el asesinato de Widerson Gena, que fue victimado cuando participaba en una manifestación en Verettes.

Ni siquiera la policía está libre de los desmanes de los militares. La POHDH descubrió casos de violencia e intento de violación contra agentes de la policía por parte de soldados. Uno de los casos ocurrió el 29 de mayo de 2008. El policía Luckinis Jacques, de la comisaría de Cité Soleil, fue violentado por agentes de la Minustah. Lo mismo ocurrió el 6 de agosto de 2008 con los policías Donson Bien-Aimé A2 y Ronald Denis A3, también de la comisaría de Cité Soleil. Hace cerca de un año, del 13 al 14 de marzo, el policía Orline Mérilan sufrió un intento de violación por parte de Muhammad Naseem, también miembro de la Misión. La Plataforma de Organizaciones Haitianas asegura que en ninguno de los casos se realizaron procedimientos para castigar a los culpables y ofrecer reparación a las víctimas.

Además de todo el mal que la permanencia de los militares provoca a la población, la POHDH señala que la Minustah se lleva una suma extraordinaria de dinero. "El costo de su operación deja presagiar un antagonismo flagrante entre la voluntad de crear la estabilidad de Haití en vista del desarrollo socio-económico del país y la del enriquecimiento de los actores internacionales, dejando tirados en la miseria a una gran proporción de la población”, critican.

Los muchos casos comprueban que la actuación de la Minustah en el país viola normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos, entre ellas la Declaración Universal de DDHH, de la cual Haití es signatario, y que en su artículo tercero define que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad.

Por esta suma de motivos, la Plataforma recrimina la permanencia de los militares en el país. "(...) ningún cambio real se efectuó a nivel del aparato judicial que fomenta todavía la impunidad y la violación de los Derechos Humanos. Numerosas personas siguen siendo objeto de arrestos ilegales y arbitrarios con prisión preventiva prolongada, mientras que los criminales de gran porte como Jean-Claude Duvalier siguen gozando de la impunidad”, critican, comprobando que los ocho años de Minustah en Haití no trajeron beneficios a la población o para el país.

La Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos hace un llamado y pide a los países que se dicen amigos de Haití que apoyen no los proyectos extranjeros, sino las iniciativas nacionales inspiradas en las necesidades prioritarias de la mayoría de la población haitiana.

ADITAL - Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel at gmail.com

Nota: (1) Para más antecedentes sobre desarrollo durable y enclave minero moderno, ver Cademartori, J. (2007) El Impacto de la Inversión Extranjera 1990-2000 sobre el Desarrollo Durable de la Región Minera de Antofagasta (Chile)

DESARROLLO A LA CHILENA. EL CASO DE LA REGIÓN DE ATACAMA                                                                                                            

Raúl H. Contreras Román*

12Las contradicciones económicas que hacen nata en la realidad chilena, parecieran confirmar las teorías que la euforia globalizante neoliberal y su ortodoxia, expulsaron de las universidades y borraron de los libros y del lenguaje político, académico y social. Es necesario volver a entender la riqueza en relación con la pobreza y viceversa. Pensar la desigualdad no como un detalle o una posible contraindicación de nuestro modelo, sino que como un fenómeno intrínsecamente relacionado con éste y su éxito macroeconómico.

Lejos de representar un modelo de desarrollo, el patrón de acumulación chileno, que ha posibilitado alcanzar elogiadas cifras en el ámbito macroeconómico, tiene como principal puntal a la desregulación laboral y la desprotección ambiental, junto a la baja carga impositiva al gran empresariado, en especial a la "inversión extranjera”. Este patrón ha permitido que varios chilenos se empinen en las selectas listas de los mayores multimillonarios a nivel mundial y que las más grandes compañías multinacionales proyecten en Chile grandes negocios en todos los rubros. La simbiosis de un sistema profundamente liberal en lo económico con uno extremadamente conservador en lo político, asegurará además la estabilidad política en el marco de todas las garantías brindadas al empresariado en dictadura, ratificadas y ampliadas en la eterna transición.

Basta echar una miradita al centro sur para ver que el mentado crecimiento y dinamismo económico, aportados por el sector agroindustrial, forestal y salmonero, ha convivido con la pobreza y la pauperización de gran parte de la población; en especial en la región de la Araucanía que, concentrando parte importante de la producción forestal en sus territorios, continúa siendo la más pobre del país. Ir un poco más al sur y mirar lo que quedó después del auge de la empresa del salmón que tanto transformó los paisajes, las normas de propiedad y las relaciones socioculturales de la gente de la X Región, pero que en nada aportó a transformar su carencia. Escuchar a la gente de Aysén, la región con mayor crecimiento económico regional del 2011, pero con una de las cifras más altas de desigualdad del país, donde los trabajadores tienen un ingreso promedio menor al nacional en un contexto de alto costo de la vida, que reduce de manera significativa la capacidad de compra de sus salarios.

La región de Atacama, que durante los últimos dos años muestra un sostenido crecimiento que ha repercutido en un aumento de la actividad económica sobre el 10% y de la construcción en más del 30%, es también evidencia de la contradicción. Para cualquiera que desconfíe un poco de las cifras y que tenga ojos para mirar más allá del parque automotriz y la expansión del retail: Chañaral, Diego de Almagro, Huasco, Tierra Amarilla o el propio Copiapó; son comunas pobres o por lo menos de pobreza equipada, aquella maquillada por el acceso al consumo especialmente de mercancías tecnológicas para emular el american way of life, aunque sea mediante la compra de imitaciones chinas. En esta región cerca de 20 mil personas viven en situación de indigencia, mientras tanto que el porcentaje de los que viven en la calle es casi dos veces el promedio nacional.

El boom del alto precio del cobre, no sólo ha ayudado a aumentar el número de 4x4 que circulan por las polvorientas calles de la Región de Atacama, sino que ha cubierto con el velo del éxito económico a la región, volviéndola atractiva para la migración interna y transformándola en la niña bonita del modelo chilensis de desarrollo. Probablemente, la aplicación de la próxima CASEN revierta las cifras de pobreza e indigencia de la región, mas esto será transitorio tal y como lo es el crecimiento de los últimos dos años.

La pobreza de la región es y será proporcional a la desmesurada extracción de riqueza de las empresas mineras transnacionales y de sus asociados nacionales. Los salarios que reciben hoy los trabajadores y todos los asalariados de la minería (incluidos técnicos, profesionales, administrativos y gerentes), pese a ser elevados si se les compara con el sueldo mínimo, representan en Chile en general, menos del 7% de las ganancias del sector. La desigualdad entre lo que se llevan y lo que queda, se reproduce con más crudeza si tomamos el caso de los trabajadores de la región no directamente relacionados con la minería, los pescadores artesanales, los pequeños agricultores o los temporeros de la uva, que además de recibir ingresos muy por debajo del promedio regional ($613.392, el segundo más alto de Chile), tienen que asumir un alto costo de la vida, en especial en los alimentos y en el sector inmobiliario, inflados por los ingresos mineros.

El desarrollo de la región de Atacama, al igual que la de gran parte del norte minero de Chile, es definido como un desarrollo no durable. Esto no es dado únicamente por la vocación primaria exportadora de la economía, basada en la minería, sino que también y sobre todo por la importancia trascendental del capital extranjero en la economía regional. La nula diversificación de la producción y la ausencia de valor agregado a la exportación, repercuten en que la participación de los actores locales sea secundaria y pocas veces trascienda al trabajo o a la prestación de servicio. El velo de éxito económico que actualmente cubre a la región, es aquel que le muestra como un enclave minero moderno, en que gran parte del equipamiento responde a las necesidades específicas del sector y a su sobre explotación del recurso, ligado a la entrada desregulada de capital privado transnacional y al alto precio del cobre. Pero ¿qué parte del velo quedará cuando la minería deje de mostrar el dinamismo que hoy muestra? ¿Qué quedará en las ciudades de la región, si gran parte de los servicios están pensados en la minería transnacional y son de propiedad de actores no regionales?(1).

La contradicción se profundiza si pensamos que el desarrollo regional no sólo no es durable, sino que tampoco es sustentable. Será esta la primera región del país que no tendrá agua para el consumo humano, además de tener gran parte de su litoral contaminado con las termoeléctricas y con los relaves mineros que se acumulan, como en la costa de Chañaral, desde hace casi ya un siglo. Probablemente, en un tiempo más podrán decir que la región ha mejorado en sus niveles de pobreza e indigencia, pero después de eso no quedará más que el recuerdo del auge minero, la silicosis, las costas contaminadas y las cuencas secas de cordillera a mar.

Si Chile en general representa un caso perfecto de crecimiento empobrecedor, el caso de la región de Atacama, pareciera ser el mejor ejemplo para comprobar en tiempo real el auge y la caída de un modelo agotado, que no sólo se extingue así mismo sino que puede extinguir todo a su paso.

Nota: (1) Para más antecedentes sobre desarrollo durable y enclave minero moderno, ver Cademartori, J. (2007) El Impacto de la Inversión Extranjera 1990-2000 sobre el Desarrollo Durable de la Región Minera de Antofagasta (Chile)

*Antropólogo chileno – ADITAL


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Corresponsal de Attac España : Alfonso Hernández Lara
Distribución: Tom Roberts
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