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Fw: [ATTAC] INFORMATIVO 650



 
----- Original Message -----
Sent: Monday, April 16, 2012 6:37 PM
Subject: [ATTAC] INFORMATIVO 650 - Economía

 

Latinoamérica

COLOMBIA: EN CINCO AÑOS HAN ASESINADO A 71 LÍDERES CAPESINOS . La Defensoria pide celeridad en las investigaciones
LOS DAÑOS DE LAS TRANSNACIONALES EN LATINOAMÉRICA. Las compañías transnacionales con el apoyo de los gobiernos donde tienen sus sedes principales (Estados Unidos, Europa, Asia, así como el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional) han destruido durante décadas el medio ambiente, desplazado a habitantes autóctonos y conculcados los derechos humanos de las poblaciones de América Latina en su afán de obtener grandes dividendos de sus suelos.
DOS AÑOS SIN CAMBIOS CONCRETOS. El economista Camille Chalmers describe la realidad de Haití
ARGENTINA: LA BARRICK GOLD REALIZA TAREAS DE EXPLORACIÓN PETROLERA EN LAS MALVINAS . Pese a que la Ley 26.659/2010 lo prohibe
ECUADOR – BOLIVIA. Los movimientos sociales en el posneoliberalismo: de la resistencia a la esperanza. En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, conjuntamente con otras organizaciones sociales, llevaron adelante la Marcha Plurinacional por el Agua, por la Vida y la Dignidad de los Pueblos, del 8 al 22 de marzo de 2012, con una plataforma de 19 puntos entre los que constaban la oposición a la megaminería a cielo abierto, la defensa del agua, el rechazo a la criminalización social, entre otras; demandaban, además, el cumplimiento de los derechos que constan en la Constitución y que no han sido ni cumplidos ni respetados por el gobierno de Alianza País. Leer en: http://attac-info.blogspot.com


;Latinoamérica

COLOMBIA

LÍDERES DE TIERRAS: DEFENSORÍA

Muchos líderes de restitución de tierras viven bajo amenaza.

Colombia.pngLa entidad pide celeridad en investigaciones. Hay 68.492 personas reportadas como desaparecidas.

En la conmemoración del Dia de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, la Defensoría del Pueblo pidió celeridad en las investigaciones de Derechos Humanos.

A través de un comunicado, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, aseguró que en la última década se hicieron cinco informes de riesgo sobre la vulnerabilidad de líderes reclamantes de tierras.

"Entre 2006 y 2011 ocurrieron al menos 71 asesinatos de líderes de procesos de restitución de tierras en 14 departamentos del país como Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Guajira, Antioquia, Meta y Tolima", aseguró el Defensor.

En el informe sobre las víctimas del país, la Defensoría indica que ha asesorado al menos 200 mil víctimas. De hecho, destacó que en los últimos años se creó la Unidad de Justicia y Paz que permitió ampliar la cobertura de atención en las regionales con la realización de 1.200 jornadas.

La entidad señala que son de "suma importancia" los casos  de la comunidad de Jiguamiandó y Curvaradó y el despojo de tierras en los departamentos de Chocó y Córdoba que han requerido una atención especial por parte de la institución.

En el Registro Nacional de Desaparecidos, hay registradas 68.492 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales se presumen son desaparecidas de manera forzada 17.780.

La Defensoría asegura que en el 2010 se registraron 4.173 reportes de personas desaparecidas presuntamente forzadas, y para el 2011, 2.664.

Respecto a la cifra de personas que se han ubicado, para el 2010 fueron 133, de las cuales 62 se encontraron con vida y 71 sin vida. Y durante el 2011 fueron 71,  de las cuales 40 se encontraron vivos y 31 sin vida.

"Solicito a los organismos de investigación del Estado adelantar las investigaciones correspondientes  para identificar  y sancionar a los responsables de los actos de violencia  e insto a la autoridades competentes  a que implementen medida eficaces de prevención  y  seguridad para los líderes", dijo Vólmar Pérez.

REDACCIÓN JUSTICIA http://www.eltiempo.com/justicia/en-cinco-anos-han-asesinado-a-71-lideres-de-tierras-defensoria_11524621-4

LOS DAÑOS DE LAS TRANSNACIONALES EN LATINOAMÉRICA

Hedelberto López Blanch

A
                  transnacionales.jpgLas compañías transnacionales con el apoyo de los gobiernos donde tienen sus sedes principales (Estados Unidos, Europa, Asia, así como el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional) han destruido durante décadas el medio ambiente, desplazado a habitantes autóctonos y conculcados los derechos humanos de las poblaciones de América Latina en su afán de obtener grandes dividendos de sus suelos.

Esa situación ha sido posible debido al control que a lo largo del siglo XX, Estados Unidos ejerció sobre los gobiernos establecidos en la región que entregaban (y algunos aún entregan) enormes territorios, otorgaban exenciones tributarias, facilitaban las explotaciones mineras, de agua, de biodiversidad, mientras se profundizaba las afectaciones al medio ambiente, a la salud de los pobladores y se desprotegía la fuerza laboral de esas regiones.

Mientras las transnacionales se llevan anualmente miles de millones de dólares, dejan detrás grandes daños a los ecosistemas de América Latina.

Desastres provocados en Ecuador y Brasil por la compañía norteamericana Chevron han llamado la atención de los países latinoamericanos y de los medios de comunicación, debido a que los dos gobiernos nacionalistas que hoy dirigen en Quito y Brasilia, han apoyado las demandas de los afectados.

El desastre ambiental en la amazonia ecuatoriana se inició en 1964 cuando la Texaco (adquirida por Chevron en 2001) empezó a buscar petróleo en la provincia de Sucumbíos junto con la compañía Gulf.

Los estudios efectuados por varios especialistas han llegado a la conclusión de que en esa región ocurrió una de las peores catástrofes ambientales en la historia de la humanidad.

La justicia ecuatoriana sancionó a Chevron a pagar 18 000 dólares por los desastres ocasionados a los pobladores y al medio ambiente pero la transnacional se niega a abonarlo y ha interpuesto varias querellas desde hace 19 años.

El Brasil, el Ministerio Público Federal (fiscalía) comenzó las actuaciones en el juicio donde se acusa a Chevron y a la perforadora Transocean de daños al patrimonio público y falsedad ideológica por el derrame de 2 400 barriles de crudo en noviembre de 2011, y de otro en marzo pasado, en la plataforma ubicada en el océano Atlántico, a 370 kilómetros de la costa de Río de Janeiro.

El Ministerio acusa a las transnacionales de crimen ambiental y daño al patrimonio público por el derrame de crudo en el Campo de Frade en la cuenca de Campos.

La compañía está haciendo numerosas gestiones jurídicas, entrega dinero y trata de comprar a quien sea para salirse del embrollo pero la presidente brasileña Dilma Rousseff ha sido directa al manifestar que "las empresas que vengan, así como las que ya se instalaron aquí, tienen que saber que los protocolos de seguridad existen para ser cumplidos”.

El siglo XX, casi en su totalidad, marcó una larga etapa para América Latina en que Estados Unidos, dueño y señor de la mayoría de la región (a la que consideraba su traspatio) imponía gobierno y políticos afines que entregaban primero a las compañías norteamericanas, y a las transnacionales después, las riquezas de sus países.

Mientras unos pocos funcionarios criollos se enriquecían por otorgarles numerosas prebendas a las compañías mineras y agrícolas extranjeras, estas con mínimas inversiones extraían (y aun extraen) los bienes de esas naciones con la consecuente destrucción del medio ambiente y el empeoramiento de las condiciones económicas y de salud de las poblaciones.

Un informe publicado en 2005 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que "entre 1990 y 2000 se deforestaron 467 000 km2 en América Latina para destinarlos a la agroindustria, explotaciones mineras, o plantas de celulosa o hidroeléctricas entre otras, y ya en 2005 la deforestación de la Amazonia brasileña era de unos 680 000 km2

El Banco Mundial (BM) ha sido uno de los mayores propulsores de las incursiones de compañías extranjeras en Latinoamérica y de 1994 a 2004, mediante la Corporación Financiera Internacional (CFI) otorgó 900 millones de dólares para proyectos mineros en Bolivia, Brasil, Chile, México y Perú.

Algunas de las transnacionales beneficiadas han sido la Anglo American, BHP- Billiton, Barrick Gold, Mitsubishi, Mitsui, Newmont, Pan American Silver y Rio Tinto.

Son innumerables las empresas que han ocasionado daños graves en países latinoamericanos como el Grupo Anglo Gold/Anglo American que derramó en 1999 centenares de contenedores de cianuro en el río Vila Nova en Amapá Brasil. En Chile, en 2005, la compañía de celulosa Celco vertió mercurio durante más de 10 años y ocultó los hechos.

Argentina, Paraguay y Bolivia sufrieron en el pasado siglo XX la deforestación indiscriminada para propiciar la siembra de soya, maíz o algodón, por parte de las transnacionales. Por esos motivos, Argentina perdió 140 000 km2 de bosques; Paraguay 20 000 y Bolivia 15 000.

Las gigantes suizas Xstrata Plc. y Glencore, dedicadas a la explotación y comercio de minerales y materias primas han dejado un rastro apocalíptico a su paso por varios países del hemisferio sur a la par que han obtenido utilidades superiores a 14 000 millones de dólares anuales.

Xstrata en las minas de carbón de El Cerrejón, en la Guajira colombiana cometió abundantes delitos ambientales, fiscales y de violaciones de los derechos humanos. La explotación y la continua ampliación de los yacimientos deterioraron la calidad y cantidad del agua río Ranchería y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas.

En Perú, la Xstrata labora desde 2006 en la explotación de cobre en el Proyecto Tintaya. Sus acciones han contaminado los ríos Salado y Cañipia y la fiscalía del Cusco le tiene presentada una querella.

Abundantes son las demandas que se mantienen en juzgados de Colombia contra compañías extranjeras que han arruinado el medio ambiente y la vida de sus pobladores. Entre estas aparecen: Coca cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel mining corporation, Glencore-Xstrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold Ashanti, Kedhada, Smurfit Kapa.

Además, Pizano S.A. y su filial Maderas del Darién, Urapalma S.A., Monsanto, Dyncorp, Multifruit S.A. filial de la transnacional Del Monte, Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal Isabel II, Canal de Suez, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Brisa S.A.

El daño ha sido catastrófico para Latinoamérica y de eso se han dado cuenta los nuevos gobiernos progresistas y nacionalistas que han surgido en la región, que además no están solos en las acciones de enfrentar las ambiciones de las transnacionales.

Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Nicaragua por citar algunos, están zafándose de las cadenas impuestas durante decenas de años por Estados Unidos y las transnacionales.

Cierto que a todas las naciones les hace falta la inversión de capitales para su desarrollo pero las compañías deben respetar las leyes medioambientales, el hábitat de los pobladores, pagar por posibles daños ocasionados y generar dividendos también para los países donde se instalen.

Ese es el desafío presente y futuro.

Adital - [Enviado por Sur&Sur].

DOS AÑOS SIN CAMBIOS CONCRETOS.
El economista Camille Chalmers describe la realidad de Haití

Haiti 3.jpgJuan Nicenboim

Crítico del presidente Michel Martelly y de las tropas humanitarias de la ONU, Chalmers denuncia que, pese a las donaciones, la mitad de los escombros no fueron removidos y que un 60 por ciento de los hospitales no fue reconstruido.

"A más de dos años del terremoto es sorprendente ver que no hay cambios con respecto al día después.”

Camille Chalmers, economista y analista haitiano, tiene una sonrisa amplia que deja entrever dientes blancos y brillantes. A lo largo de su diálogo con Página/12, esa expresión se irá desdibujando progresivamente al recordar algunas de las catástrofes de aquel terremoto que cambió para siempre la vida de los haitianos en 2010. Como la Universidad de Lingüística que desapareció en un minuto junto con 5000 alumnos y decenas de profesores. O su preciada biblioteca, que fue sepultada junto con su casa, lo que hizo que viva refugiado en una carpa hasta que él y su esposa pudieran alquilar algo "chico y feo” en la periferia de Puerto Príncipe. Crítico del presidente Michel Martelly y de las tropas humanitarias de la ONU, Chalmers mira a Latinoamérica y especialmente al ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) para que formen pistas alternativas de cooperación y solidaridad con Haití.

–¿En qué fase del proceso de reconstrucción se encuentra Haití actualmente?

–A más de dos años del terremoto es sorprendente ver que no hay cambios con respecto al día siguiente de aquel suceso. Todavía el 50 por ciento de los escombros no fueron removidos. Las infraestructuras más importantes que cayeron, tales como el Palacio de Justicia, el Palacio Nacional, 49 edificios universitarios, más del 60 por ciento de los hospitales no fueron reconstruidos. Todo eso está en el suelo. De los desplazados hay todavía 600.000 personas en la calle viviendo bajo carpas en precariedad, eso es inaceptable. Supuestamente dos años después la comunidad internacional gastó 4000 millones de dólares y realmente no se ven los efectos directos concretos de esa reconstrucción. Un ejemplo significativo es Puerto Príncipe, donde perdimos más de 300.000 casas del casco urbano, el centro histórico está destruido en un 80 por ciento y todavía no hay un plan consensuado para la reconstrucción de la capital. El contraste más grande es la enorme y bella ola de solidaridad que se levantó alrededor de Haití después del terremoto, no solamente la interna que fue clave y salvó muchas vidas, sino también de pueblo a pueblo. De la plata desembolsada una parte muy chica llega al terreno, la mayoría fue cooptada por los gobiernos, por las grandes agencias bilaterales de ayuda o por las ONG.

–¿No existe ningún órgano de control establecido?

–Después del terremoto se organizó una conferencia de donantes en la ONU. De aquélla salió una decisión muy grave de hacer una ley de emergencia que permita firmar contratos y tomar decisiones sin pasar por los procedimientos legales. Era una ley de emergencia que daba 18 meses para actuar fuera de todo mecanismo de control. Después de esos 18 meses pasaron muchas cosas muy cuestionables. Se evidencia ahora que se marginalizó al gobierno de Haití, que de los 2000 millones de dólares desembolsados para ayuda humanitaria recibió sólo el uno por ciento de esta suma. Inclusive el gobierno dominicano recibió más dinero. Estamos ante un debilitamiento muy grave del Estado y una situación donde los actores haitianos no tienen los mecanismos de control de las decisiones estratégicas.

–¿Cómo califica el rol de la misión de las tropas de estabilización de las Naciones Unidas (Minustah), desplegadas desde hace ocho años en territorio haitiano?

–Durante la presencia en estos últimos años de la Minustah hemos vivido varias crisis humanitarias graves y en cada ocasión su presencia no se ha transformado en un apoyo real al pueblo de Haití para hacer frente a esas crisis. Por el contrario, una de las respuestas de la Minustah frente al terremoto fue alquilar un barco donde las tropas pudieran dormir en la bahía de Puerto Príncipe. Ese alquiler le costó a la ONU 112.000 dólares al día, lo que constituye una movilización de recursos insultante. Desde 1992 tuvimos varias intervenciones de la ONU. En 1994 tuvimos una incursión militar y una segunda en 2004. Es una tropa de ocupación disfrazada de fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, que responde al capítulo 7 de su Carta Magna. Pero es una manipulación, ya que no existieron crímenes de guerra o genocidios en aquellas oportunidades, como para intervenir de aquella manera ilegítima en Haití. Por otra parte aparecen cada vez más episodios de violación masiva a mujeres, a niñas y adolescentes. Se arman cortes marciales y se les dan condenas de un año, como mucho. La respuesta de la Minustah es repatriarlos, pero sin ningún proceso judicial consistente.

–¿Cómo articula el gobierno de Martelly las demandas de los remanentes de las fuerzas armadas de Haití que exigen su restitución?

–Martelly intenta lanzar un proceso de renacimiento del antiguo ejército, pero de manera que parece más un proceso de fuerza paramilitar muy ligada a intereses corporativos y de la oligarquía, pero que no tiene nada que ver con un ejército nacional republicano. Hay mucha resistencia a ello, pero se aprovecha del papel de la Minustah para decir que necesitamos una fuerza armada. Existe un cuerpo paramilitar ilegal que por debajo de la mesa recibe armas, equipamiento, uniformes y financiamiento por parte del gobierno. Ocupan cuarteles y, al mismo tiempo, la sociedad civil denuncia esas maniobras que nos pueden conducir a un regreso de la dictadura. Sabemos que Martelly tiene mucha relación con los remanentes del duvallierismo y mucha tentación autoritaria.

–¿Se refiere a lo que Martelly definió como reconciliación nacional, cuando sugirió que no vería con buenos ojos un juicio por crímenes de lesa humanidad contra el dictador Jean-Claude Duvallier (1971-1986)?

–Su presencia tras su exilio de 25 años en Francia es insultante para los miles de campesinos masacrados y los pueblos enteros quemados bajo su dictadura que trajo mucho dolor y sufrimiento. Es evidente que está protegido por el gobierno y la Justicia que le perdonan todo crimen político y de lesa humanidad.

Enviado por Jubileo Sur.- Adital

ARGENTINA: LA BARRICK GOLD, FINANCIA EXPLORACIÓN DE PETRÓLEO EN MALVINAS

Empresas y bancos británicos accionistas de las mineras que destruyen y saquean nuestros recursos naturales,  como La Alumbrera, son además quienes financian y contratan la exploración de petróleo en las Islas Malvinas, pese a que La ley 26.659/2010 "prohíbe a los estados nacionales, provinciales y municipales contratar empresas que tienen interés, filiales o conexiones con empresas que se encuentren explorando por hidrocarburos en Malvinas".

Malvinas.jpg

Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh









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