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Fw: [ATTAC] INFORMATIVO 711



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----- Original Message -----
Sent: Tuesday, June 11, 2013 3:29 PM
Subject: [ATTAC] INFORMATIVO 711 - El mundo en 2030

INFO 711 10 de junio de 2013
informativo at attac.org http://attac.info.blogspot.com

DE LA INTEGRACIÓN A LA INDEPENDENCIA La integración es un objetivo estratégico para lograr la independencia de América Latina. En ese sentido, es importante fortalecer los distintos niveles de integración y consolidar un bloque suramericano y latinoamericano.

EN LA PATRIA GRANDE NO QUEREMOS A LA OTAN El intento reciente de Estados Unidos y sus regímenes sátrapas de Europa de pretender que a la organización terrorista de Estado OTAN se integre alguna nación latinoamericana desató en esta región un total rechazo, y un huracán de críticas sin precedentes en la historia de la soñada Patria Grande.

CHINA-MÉXICO: ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL.- "Los presidentes Enrique Peña Nieto y Xi Jinping acordaron conjuntamente elevar el nivel de la asociación estratégica México-China al de asociación estratégica integral", reza la Declaración Conjunta suscrita por ambos y dada a conocer unas cuantas horas después del arribo al Distrito Federal del también secretario general del Partido Comunista Chino y presidente de la Comisión Central Militar.

PUEBLOS INDÍGENAS A más de un año y medio de la promulgación de la Ley de la Consulta Previa , la “novedosa” posibilidad de su no aplicación en territorios destinados a la minería, nos permite plantear nuevos retos al volvernos a topar con la magra institucionalidad democrática del Estado.

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Latinoamérica

DE LA INTEGRACIÓN A LA INDEPENDENCIA

Kintto Lucas*

En su genial novela El año de la muerte de Ricardo Reis, José Saramago señala "A esta ciudad le basta saber que la rosa de los vientos existe, este no es el lugar donde los rumbos se abren, tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen, aquí precisamente cambian los rumbos".

Trasladando las palabras de Saramago al sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, podríamos decir que cambiarán los rumbos el día que construyamos un sistema mundial multipolar que contribuya a crear un mundo democrático, justo y equitativo.

En ese necesario cambio de rumbos, la integración es un objetivo estratégico para lograr la independencia de América Latina. En ese sentido, es importante fortalecer los distintos niveles de integración y consolidar un bloque suramericano y latinoamericano.

América del Sur vive un momento importante en términos de integración regional, capitalizada más claramente en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Un bloque que más allá de las diferencias políticas o económicas de los países que lo integran, ha logrado levantarse como espacio de acuerdos y entendimientos desde la diversidad y ha generado un proceso integrador diferente. Unasur es la propuesta más importante de integración desde toda América del Sur. Las que surgieron antes, además de ser regionales fueron condicionadas por el libre comercio, porque apostaban a eso, no a la integración.

El Mercosur (Mercado Común del Sur), por ejemplo, fue una propuesta surgida desde el libre comercio desde el neoliberalismo. Si bien luego fue procesando cambios positivos con la irrupción de gobiernos progresistas y es una confluencia fundamental, todavía le falta mucho

para consolidarse como Mercosur Suramericano, que sea eje de un modelo de integración productiva de Américas del Sur dentro de Unasur. La CAN (Comunidad Andina de Naciones), en cambio, surgió como una propuesta integradora distinta, pero finalmente terminó absorbida por la hegemonía neoliberal en los años 90.

Unasur surgió de una forma diferente, y se posicionó como una propuesta de integración desde lo político, llevando adelante acciones trascendentes para solucionar conflictos, consolidar una mirada de defensa de la democracia en común, fortalecer políticas de defensa y sociales integradoras, e inclusive posicionándose como un bloque a tener en cuenta a nivel mundial en el desarrollo de un mundo multipolar. Unasur ha demostrado que, dentro de las diferencias, se puede llegar a ciertos acuerdos que parten de un punto central: para competir, para ser escuchados en un mundo que va a ser de bloques, tenemos que participar como un todo más compacto, que en este caso es el bloque de América del Sur.

Por ejemplo, el acuerdo del Consejo de Defensa en Unasur, de transparentar gastos militares, de parar la instalación de bases militares estadounidenses, son temas que se han resuelto, con discrepancias pero finalmente llegando a ciertos consensos. También a nivel económico, hubo algunos acuerdos, desde los presidentes, quienes creían que Unasur debía jugar un papel importante para enfrentar la crisis económica internacional en conjunto. Lamentablemente los ministros de Economía han desentonado. Ahora es necesario consolidar Unasur como bloque de poder e interlocución mundial. Y dentro de ese proceso es fundamental consolidar la institucionalidad de Unasur en sus diferentes instancias, y particularmente la Secretaría General.

Néstor Kirchner, cuando fue secretario general, puso las bases políticas de la Secretaría.

Ecuador, cuando fue Presidencia Pro Tempore puso las bases materiales y constitutivas, y le dio institucionalidad. Enma Mejía y Alí Rodríguez consolidaron la institucionalidad. Rodríguez, además, aportó una base teórico-práctica a Unasur con su propuesta sobre los recursos naturales como eje integrador. Es necesario consolidar la gestión de Unasur desde la Secretaría , para fortalecer las acciones del bloque a nivel regional y mundial.

Por su parte la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), surgió con la necesidad de consolidar un espacio amplio que promueva un proceso integrador desde la pluralidad latinoamericana, desde procesos más diversos y complejos, pero sin la tutela de Estados Unidos. Mientras la OEA (Organización de Estados Americanos) surgió como la opción de un determinado momento histórico en que los países vivían sometidos al "liderazgo" de Estados Unidos, que en realidad era una imposición desde ese país, Celac y Unasur surgieron desde los propios países latinoamericanos y suramericanos. La OEA fue un proceso de imposición, Unasur y Celac son, con todas sus dificultades, procesos de integración.

El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que surgió como una propuesta frente a otro intento de imposición estadounidense como el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), ha implementado procesos de complementariedad y solidaridad creando propuestas de integración productiva interesantes. Es necesario establecer un puente entre el Mercosur y el Alba, buscando instancias de cooperación y complementación. Uruguay podría ser un país puente entre el Mercosur y el Alba promoviendo la cooperación y complementación. Uruguay debe fortalecer el Mercosur y fortalecerse en el Mercosur, y paralelamente consolidar su presencia en el Alba y actuar como puente Alba-Mercosur.

Un gran reto en Unasur y en todos los niveles de integración, es involucrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales en una confluencia desde abajo, desde los pueblos. Obviamente no todas las organizaciones sociales representan al pueblo en general pero sí son instancias importantes que dan base social a los procesos integradores. Si no se produce una integración desde los pueblos, si no hay una integración cultural y de procesos culturales conjuntos de los países, es muy difícil consolidar un proceso integrador de largo plazo.

El mayor enemigo de la integración es el modelo de desarrollo. En este momento los procesos de integración están en medio de dos modelos de desarrollo que se encuentran en disputa. Un modelo de desarrollo que es más soberano, vinculado a la producción nacional, con la idea de cambiar la matriz productiva y dejar de ser solo países primarios exportadores, con una visión desde el sur, desde nuestros países. El otro modelo, por ahora hegemónico, apuesta al libre comercio mal entendido, donde quienes dirigen el mercado terminan siendo las grandes corporaciones, la política comercial se basa en los tratados de libre comercio con las grandes potencias, tratados neocoloniales que van contra la integración y la política económica favorecen la especulación financiera, las importaciones y el consumismo. Ese modelo de desarrollo a veces disfrazado de progresista es el mayor enemigo de la integración. Si no es derrotado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países no habrá integración y seremos cada día más dependientes. Ahí seguramente recordemos aquella frase del final de Ensayo sobre la ceguera de Saramago cuando dice "Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven".

ALAI-AMLATINA

-*Kintto Lucas es Embajador Itinerante de Uruguay para UNASUR, CELAC, ALBA y la Integración.


EN LA PATRIA GRANDE NO QUEREMOS A LA OTAN

Patricio Montesinos

El intento reciente de Estados Unidos y sus regímenes sátrapas de Europa de pretender que a la organización terrorista de Estado OTAN se integre alguna nación latinoamericana desató en esta región un total rechazo, y un huracán de críticas sin precedentes en la historia de la soñada Patria Grande.

Washington lanzó, utilizando a Colombia, un globo de ensayo para indagar cuál sería la reacción de América Latina ante la posibilidad de la Organización de Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de inmiscuirse en esta parte del mundo, donde únicamente se habla de paz y unidad. El claro objetivo del régimen norteamericano es fomentar, como siempre lo ha hecho, la división y los conflictos entre los pueblos, e impedir a toda costa que la Patria Grande se materialice, como se viene consumando en los últimos años con la voluntad y el accionar de los latinoamericanos de integrarse definitivamente.

Las reacciones de los diferentes gobiernos de la región ante el nuevo plan malévolo de la Casa Blanca no se hicieron esperar, como tampoco la de políticos, movimientos sociales y sindicales, y las instituciones integracionistas. A la OTAN la llamaron de todo, como se merece, desde invasora, sangrienta e instrumento al servicio del terrorismo de Estado, hasta que con ella solo se escuchan tambores de confrontación castrense y de agresiones de dominación.

En América Latina no queremos a esa organización militarista, que continúe su camino de guerra fuera de países que mantienen una relación fraterna, expresó el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Alí Rodríguez Araque.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que Estados Unidos por medio de la OTAN desea penetrarnos para luego utilizar a nuestros soldados como carne de cañón en sus aventuras de rapiña en otros rincones del planeta, donde derrumba gobiernos y asesina a millones de civiles inocentes, como ha hecho en Irak, Afganistán y Libia, por citar algunos.

Similares afirmaciones hicieron los mandatarios de Bolivia, Evo Morales, de Ecuador, Rafael Correa, y de Nicaragua, Daniel Ortega, entre otros, quienes desenmascararon e hicieron polvo el nuevo proyecto macabro “Made in USA.

Una vez más a Washington el disparo le salió por la culata, como reza un refranero popular, en su empeño de frustrar a cualquier precio la unión latinoamericana.

Fuente: Rebelión

CHINA-MÉXICO: ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL

Eduardo Ibarra Aguirre

.- "Los presidentes Enrique Peña Nieto y Xi Jinping acordaron conjuntamente elevar el nivel de la asociación estratégica México-China al de asociación estratégica integral", reza la Declaración Conjunta suscrita por ambos y dada a conocer unas cuantas horas después del arribo al Distrito Federal del también secretario general del Partido Comunista Chino y presidente de la Comisión Central Militar.

Para entender el cambio de la "asociación estratégica" a la "estratégica integral" es preciso revisar el documento de 32 puntos que seguramente fueron objeto de complejas negociaciones durante meses por representantes de los dos gobiernos, respaldado además con la firma por representantes de los dos países de 12 memorandos de entendimiento en materias energética, petrolera, infraestructura, minera, industrial, educativa, agrícola, desarrollo social, cultura, turística y ciencia y tecnología.

Una de las claves para interpretar la nueva proyección en las relaciones sino-mexicanas consiste en que "estará anclada en un diálogo político fluido e intenso sobre asuntos bilaterales, regionales y globales". Y fortalecerán "el mecanismo de Diálogo Estratégico México-China como esquema para profundizar la confianza mutua y desarrollar la interlocución bilateral sobre temas de carácter estratégico".

El anclaje y los sustentos de la nueva proyección son genéricos, acaso para no incomodar a terceros países, sobre todo al gobierno de Estados Unidos que presumió a México, por enésima ocasión, como su "patio trasero". Dice el documento: "Dado que México y China, dos países con culturas milenarias, comparten las tareas comunes de desarrollar la economía y mejorar el bienestar de la población, dicha decisión imprimirá un renovado impulso para que las relaciones sino-mexicanas entren en una nueva etapa de desarrollo".

Enrique Peña fue más franco y al dar la bienvenida a Xi Jinping, en la primera visita de Estado que organiza el gobierno actual, al postular que ambas naciones "deben aprovechar sus complementariedades" y "reconocerse como "grandes aliados", y anunciar que en el futuro "se dejará atrás el paradigma de la eventual competencia para caminar hacia una sinergia y beneficios mutuos".

El mexiquense que con insistencia gusta de improvisar discursos y no lo hace bien, sino con reiteraciones y hasta incurre en cantinflismos, mientras su experimentado par chino optó por leer sus pronunciamientos, reiteró una y otra vez la idea de que "México y China son dos países en ascenso dentro de un nuevo orden internacional", e incluso ambos gobernantes definen que son "países en vías de desarrollo", lo cual no es exacto para la segunda economía de la aldea global por su tamaño y principal potencia comercial desde fines de 2012.

Tras las frivolidades de Vicente Fox y sus muchachos durante la visita que realizó a Beijing y el fracasado convenio de traer a 500 mil turistas, amén de la incapacidad reiterada de Felipe Calderón para negociar los diferendos entre los dos gobiernos, Peña Nieto resolvió problemas que estaban atorados hace una década, por ejemplo la exportación de carne de cerdo, además de la entrada de tequila mexicano (fabricado ahora por trasnacionales) al mercado del gigante asiático.

Arranca muy bien lo que podría ser un gran viraje en la dependencia ya histórica de la economía mexicana respecto de la estadunidense con la diversificación de las alianzas estratégicas de México, en demérito del amo imperial.

Y para ello fue indispensable firmar: "La parte mexicana expresó su firme apego al principio de `una sola China´ y ratificó la posición del gobierno de México de que Taiwán y el Tíbet forman parte inalienable del territorio chino y los asuntos tibetanos son asuntos internos de China."

www.forumenlinea.com

PERU. CONFLICTOS MINEROS Y EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Luis Hallazi*

A más de un año y medio de la promulgación de la Ley de la Consulta Previa , la “novedosa” posibilidad de su no aplicación en territorios destinados a la minería, nos permite plantear nuevos retos al volvernos a topar con la magra institucionalidad democrática del Estado, pero además nos da la oportunidad de seguir desmitificando viejos discursos que de tanto repetirse van generando “verdades” incuestionables, dogmas económicos que operan sin ser sometidos a prueba científica alguna y que sin duda, no son buenos consejeros a la hora de tomar decisiones.

Una de esas viejas etiquetas es la de “Perú, un país minero” [1] mensaje que en sí mismo, contiene una fuerte carga discriminatoria que bajo la variable de mayor rentabilidad relega a otras formas culturales de generar bienestar social. Esta presunción de universalidad lo que hace es reducir todas las diferencias culturales en un discurso que busca identificar a la minería metálica como la única forma de alcanzar el “desarrollo”, el “principal” medio para seguir generando este entusiasmo desmedido por el “crecimiento” económico; sin permitir otras definiciones de desarrollo o al menos asegurarse que el mensaje es entendido por los principales actores. Es decir, a través de meras palabras como “éxito”, “progreso”, “modernidad” se excluyen otras alternativas a ese tipo de desarrollo convencional y también se obstaculiza procesos de transición[2] que ya están en marcha ante la actual crisis energética, crisis climática y alimentaria en cada vez más lugares de Latinoamérica. El modelo minero no dialoga, impone. En lugar de generar condiciones para un debate democrático intercultural, entorpece los mecanismos participativos como los del derecho a la consulta previa, para solo adjetivizar esas otras voces, convirtiéndolos en antimineros o enemigos del “progreso”.

Ese discurso del “país preminentemente minero”, es el mismo discurso de “comunidades agrarias” que Ollanta Humala intenta imponer para eludir el derecho a la consulta previa en comunidades campesinas de los Andes peruanos; es también el discurso de casi la totalidad de los medios de comunicación masiva que reproducen las “ventajas” y “oportunidades” de dicho modelo. Un discurso, pues, que goza de la máxima investidura en caso del Gobierno peruano y que sus funcionarios solo se prestan a poner en práctica sin la observancia de los derechos fundamentales. Como es lógico, una Ley como la consulta previa, un tratado internacional como el Convenio 169 de la OIT o la jurisprudencia de la Corte Interamericana relacionada a los derechos humanos de los pueblos indígenas, son meros obstáculos que el Estado está dispuesto a evadir, eludir e incluso a desconocer el mismo derecho que emana de su fuero.

Cuando los Derechos Humanos son un Obstáculo para los Estados

Para nadie es un secreto la fuerte presión que vienen ejerciendo las actividades extractivas, especialmente la minería, sobre los territorios indígenas y sus recursos naturales. Es increíble pero nadie cuenta la cantidad de conflictos ambientales en minería que hay en el mundo, ni el PNUMA ni el PNUD tiene cifras al respecto[3]. En el caso peruano la Defensoría del Pueblo ha reportado a la fecha 154 casos de conflictos socioambientales de los cuales 112 están relacionados a la actividad minera[4]; basta pues revisar las publicaciones de los diarios o de medios especializados[5] para observar una cantidad acumulativa de conflictos mineros con poblaciones originarias. Muchos de esos casos se presentan de manera directa entre las empresas/Estados frente a los pueblos indígenas, sin intermediario alguno que permita que el conflicto se encamine a una solución justa y pacífica. Lamentablemente, la promoción de inversiones a cargo de los Estados, no solo se remite a ofrecer y promocionar una cartera de proyectos con las normas y procedimientos claros, sino más bien que los Estados a través del respectivo gobierno de turno, ofrecen una cartera de proyectos con acuerdos y asentimientos pre establecidos, sin consulta ni consentimiento previo de las poblaciones indígenas que recibirán los principales impactos; reducidos a una especie de lo que en derecho civil se llama contrato por adscripción.

El caso de Colombia (de quien ahora se busca imitar “el modelo” para destrabar proyectos[6]) muestra a través de un reciente informe sobre Minería en Colombia, elaborado por encargo de la Contraloría General de la Republica Colombiana , conclusiones claras como aquella que afirma que las actuaciones del Gobierno en el sector minería, están por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Una de las causas que el informe menciona es la “(…) indiscriminada dación de títulos mineros y el desarrollo expansivo de estas actividades que han venido violando, sistemáticamente, los derechos fundamentales y colectivos, desconociendo los procesos ambientales, territoriales, sociales y económicos”[7]. Aparentemente el modelo Colombiano es efectivo a la hora de “destrabar” proyectos más no si se trata de respetar los derechos fundamentales. Lo mismo ocurre con el derecho a la consulta previa, donde somos inducidos a pensar que el desarrollo de este derecho en Colombia es también un “modelo” a seguir[8]. Se nos dice que Colombia viene realizando consultas desde 1994 y que a mayor cantidad de procesos se consulta que ha tenido este país, han sido también mayores los acuerdos que se han obtenido con los pueblos indígenas; todo esto presentado como garantía al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y además se asegura que ese mismo año, se tuvo el record histórico de inversión extrajera directa. Lo que no se menciona es que la legislación de consulta previa es deficiente y está enmarcado en el Ministerio del Interior precisamente para agilizar los procesos de consulta y convertirlos en meros tramites, desnaturalizando su contenido, a pesar de que algunos de esos procesos terminan tutelados por la Corte Constitucional de Colombia que lamentablemente, no puede garantizar el derecho a la consulta previa en todos los demás procesos.

Sin embargo, no solo es el caso de países políticamente conservadores y económicamente neoliberales como Colombia y Perú. Esta tensión por los recursos naturales, entre pueblos indígenas y Estados Latinoamericanos, también alcanzan a Gobiernos con constituciones tan progresistas como la de Ecuador de 2008, donde no solo se reconoce el derecho a la Consulta Previa (art. 57 numeral 17) sino también se le otorgan derechos a la Naturaleza (art. 71); claro que todo es letra muerta cuando el Estado invoca el “interés nacional” o la “necesidad pública” de las actividades extractivas para su explotación[9]. En cuanto al derecho de consulta el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha observado que el Estado ecuatoriano debe iniciar procesos de consulta antes de la aprobación de normas como el Código de Minería que recientemente se quiere modificar[10], la Ley de Recursos Hídricos y el Código Ambiental donde se pretende seguir imponiendo proyectos extractivos y leyes sin consulta alguna.

Ante este contexto, lo más reciente que ofrece la fallida implementación de consulta previa en Perú, la cual busca excluir a los proyectos mineros con el grosero argumento que las comunidades campesinas en su gran totalidad no son pueblos indígenas, ponen en evidencia esa misma lógica de instrumentalización del derecho a las razones del mercado minero. Que después se haya ido devaluando en versiones como los 32 proyectos que el Ministerio de Energía y Minas solicitó información para saber sobre la existencia de pueblos indígenas[11]y que finalmente sean 14 proyectos los que si necesitan de consulta previa, según el Viceministerio de Interculturalidad, son cuestiones anecdóticas. No hay documentación al respecto y como es lógico, los nombres de los proyectos, es secreto de Estado; razón suficiente para presumir que todos los proyectos están obligados (previa verificación de derecho) a someterse al proceso de consulta previa.

Sin embargo, también debemos presumir que no solo son 14 proyectos, ni 32 los que necesitan de consulta; para ello es necesario saber con exactitud cuántas comunidades campesinas existen en el Perú y en cuántas de ellas hay una solicitud de concesión minera, así también cuántas están en situación de exploración, ampliación o explotación minera. Una vez realizada esa tarea someter a cada caso a un test de consulta por parte de una institución estatal imparcial, de la que actualmente carecemos.

Como vemos, la actual situación de latente vulnerabilidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas precisa de una alarma constate, en la medida que son ya muchos los Estados que suelen utilizar el aparato institucional para desnaturalizar los derechos humanos de las poblaciones indígenas y facilitar el ingreso de este sector en los territorios indígenas sin derecho a la consulta, ni consentimiento previo, libre e informado, cuyo incumplimiento suelen tener consecuencias sobre los demás derechos indígenas. Los Estados si es necesario, declaran el Estado de Emergencia, como en el caso del Gobierno de Guatemala, donde su presidente el ex militar Otto Pérez Molina, declaró en Estado de Sitio los departamentos de Jalapa y Santa Rosa para reprimir al pueblo indígena Xinca[12], en defensa directa de los intereses del proyecto minero San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources, lo cual nos lleva a recordar similar medida en el caso Conga.

En definitiva la realpolitik nos muestra una situación crítica, donde los mecanismos de defensa del derecho internacional van por detrás de historias de injusticia y despojo que las poblaciones originarias vienen acumulando, es pues la trivialización de los instrumentos económicos y jurídicos a disposición de ese mercado llamado minería.

*Luis Hallazi es abogado, actualmente asesor técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, especialista en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, Postgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente candidato a doctor por la misma universidad. Contacto: luis.hallazi at gmail.com

Notas:

[1] En la versión de Alan Garcia “El Perú no es un país agrario sino eminentemente minero” Diario La Primera , El Perú es minero, no agrario”, 11-09-2010 http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/el-per-es-minero-no-agrario_69937.html
[2] Los movimientos de incitativa de Transición están emergiendo principalmente en Europa se configuran como propuestas creativas a la crisis energética o climática.
[3] Martínez Alier Joan ¿Cuánto Coflictos mineros hay en el mundo? http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Cuantos_conflictos_ambientales_por_mineria_hay_en_el_mundo
[4] Reporte de Conflictos Sociales N.- 110 - Abril 2013
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2013/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-110-Abril-2013.pdf
[5] Observatorio para los conflictos de minería en América Latina OCMAL http://www.conflictosmineros.net/home
[6] Declaraciones de la ex Defensora del Pueblo, Beatriz Merino ahora flamante presidenta de la Sociedad peruanos de Hidrocarburos: http://www.larepublica.pe/07-03-2013/nombran-beatriz-merino-como-presidenta-de-la-sociedad-peruana-de-hidrocarburos
[7] Informe de la Contraloría de la Republica Colombiana : http://www.rebelion.org/docs/167838.pdf
[8]Declaraciones del Adjunto para Pueblos Indígenas … entrevista en Rumbo Económico https://www.youtube.com/watch?v=q_FmXoM0Utg
[9]En el caso de la Federación del Pueblo Shuar (FIPSE) con la compañía petrolera ARCO, el Estado Ecuatoriano arguyo que “los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos son motores del crecimiento económico y por tanto obedecen al interés de desarrollo nacional”.
[10] Gobierno ecuatoriano evalúa reformas a Ley Minera para impulsar el sector. http://www.conflictosmineros.net/contenidos/12-ecuador/12970-gobierno-ecuatoriano-evalua-reformas-a-ley-minera-para-impulsar-el-sector
[11] El Comercio, Gobierno sabe que 14 proyectos mineros requieren consulta http://elcomercio.pe/actualidad/1572596/noticia-mapa-gobierno-sabe-que-14-proyectos-mineros-requieren-consulta
[12] Guatemala: Violación a los derechos humanos, durante Estado de Sitio en Jalapa y Santa Rosa http://www.viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/derechos-humanos-mainmenu-40/1728-guatemala-violacion-a-los-derechos-humanos-durante-estado-de-sitio-en-jalapa-y-santa-rosa

http://alainet.org/active/64200


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