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[Latina] I: [ATTAC] INFORMATIVO XVI.863 - Escenario sombrío



 

 

Da: attac-informativo-request at list.attac.org [mailto:attac-informativo-request at list.attac.org] Per conto di Grano de Arena
Inviato: lunedì 13 giugno 2016 17:50
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Oggetto: [ATTAC] INFORMATIVO XVI.863 - Escenario sombrío

 

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Escenario sombrío

 

Mundo

LA COMUNICACIÓN POPULAR ES EL CAMINO Golpear a todo lo que mínimamente huela a democratización de la comunicación –eje estratégico para superar las asimetrías existentes y desmonopolizar la palabra en beneficio de un mayor pluralismo y diversidad–, parece ser una de las prioridades de los gobiernos de derecha, legítimos e ilegítimos, en la región.

EL FENÓMENO TRUMP Su mensaje se dirige a una población electoral de hombres ‘blancos' frustrados sin empleo, sin vivienda propia y sin seguridad social. Esa masa sorprendió a los ‘expertos' y arrasó en las primarias

Latinoamérica

LA JUSTICIA ARGENTINA SUSPENDIÓ "MI ESCUELA SALUDABLE" El Programa era promovido por el ILSI, un Instituto que integran Monsanto, Coca Cola, Mondalez y Syngenta, entre otras multinacionales gravemente cuestionadas en todo el mundo por mala alimentación y contaminación ambiental.

BRASIL: DENUNCIAN PACTO GOBIERNO-MINERAS SOBRE DESASTRE MINERO El acuerdo entre el Gobierno de Brasil y las empresas responsables del derrame de 50 millones de toneladas de residuos de hierro en el sureño estado de Minas Gerais será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo a Sputnik Nóvosti la experta Camila Asano

MÉXICO, EN LA PEOR CRISIS SOCIAL DE SU HISTORIA. (SÍNDROME DE ANESTESIA COLECTIVA INDUCIDA) La peor crisis social que ha padecido México es la que hoy se vive: 200 mil víctimas desde 2006; 60 mil personas detenidas y desaparecidas; medio millón de desplazados internos, y un número indeterminado de personas torturadas y en prisión.

PERÚ: ESCENARIO SOMBRÍO En un escenario tan sombrío para la nación andina, cabe hacer votos porque Kuczynski lleve adelante al menos una administración honrada y con sentido de país, más allá de las limitaciones que su proyecto permite vislumbrar desde ahora.


Mundo

LA COMUNICACIÓN POPULAR ES EL CAMINO

Osvaldo León

1Golpear a todo lo que mínimamente huela a democratización de la comunicación –eje estratégico para superar las asimetrías existentes y desmonopolizar la palabra en beneficio de un mayor pluralismo y diversidad–, parece ser una de las prioridades de los gobiernos de derecha, legítimos e ilegítimos, en la región.

De un plumazo y de entrada de juego, Mauricio Macri, al asumir su mandato en Argentina, vía decreto ejecutivo prácticamente desarma la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para proteger al puñado de monopolios mediáticos que gravitaron en su elección. Esta ley, una de las leyes más discutidas de la historia de ese país, fue aprobada en 2009 tras una laboriosa construcción ciudadana con la participación de una multiplicidad de sectores sociales y políticos.

En Brasil, donde está en curso un golpe palaciego impulsado por poderes fácticos (empresariales, mediáticos, sectores judiciales, policiales y de la derecha parlamentaria), el presidente interino Michel Temer no solo que intenta cerrar el Ministerio de Cultura, sino también intervenir ilegalmente la Empresa Brasileña de Comunicación, organismo creado en 2007 para gestionar las emisoras públicas federales de radio y televisión. De hecho, una de las poquísimas medidas adoptadas en este campo por el expresidente Lula.

El mensaje es claro: no les basta con tener un poderoso blindaje mediático, también quieren poner coto a las conquistas (mayores o menores) que se inscriben en la óptica de democratizar el campo comunicacional. Es más, por el carácter antipopular de las políticas que contemplan sus programas neoliberales, incluso buscan aniquilar cualquier espacio de manifestación pública.

Una lucha tenaz

Durante la campaña electoral de 2010 en Brasil, la presidenta de la Asociación Nacional de la Prensa, María Judith Brito, sin mayor tapujo señaló: “los medios de comunicación han asumido de hecho una posición opositora en este país ya que la oposición está profundamente fragilizada”. Y, precisamente, por ese rol de articulador político que asumen esos medios es que nació el calificativo de Partido de la Prensa Golpista (PIG, por sus siglas en portugués). Y que hoy está jugando un rol clave en el golpe que apunta a imponer el poder económico sobre la decisión democrática.

Por lo mismo, el pasado 5 de mayo, con diversas manifestaciones públicas, ese país fue escenario de la “Jornada Nacional de Lucha contra el Golpismo Mediático”, para denunciar “cómo el monopolio privado en las comunicaciones, representado principalmente por las Organizaciones Globo, hiere a nuestra democracia, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación”.

Convocada por el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC) y el Frente Brasil Popular (FBP), esta jornada es un testimonio vibrante de la disputa que se confronta en el campo comunicacional en nuestra región: la aspiración de fuerzas populares por hacer valer el derecho a la comunicación frente a una estructura mediática concentrada en manos de unas cuantas familias o corporaciones, que pretende definir la suerte de nuestros países.

Uno de los cambios que se registra en la región, justamente, es que se ha instalado en el debate público el tema de regulaciones al sistema mediático, que anteriormente era considerado como un asunto intocable. Y esto, sobre todo por la revitalización de movimientos por la democratización de la comunicación, ya que esta causa ahora es asumida por una pluralidad de sectores sociales y políticos, siendo que anteriormente estaba circunscrita a ciertos actores involucrados directamente en este ámbito.

En el campo de los gobiernos progresistas, donde inicialmente prima un sentido “pragmático” de buscar “entendimientos” con los pesos pesados del poder mediático hegemónico, con el tiempo y al calor de la disputa política en algunos países se da paso al reconocimiento del Derecho a la Comunicación en marcos constitucionales y en leyes específicas. En unos casos como resultado de una construcción ciudadana, en otros como secuela de una correlación de fuerzas.

Sin embargo, por la lentitud y limitaciones en la implementación de tales disposiciones legales los cambios que se operan quedan muy fragilizados y expuestos a una permanente arremetida del poder mediático, que se mueve de manera muy sincronizada, nacional e internacionalmente, en torno a ejes estratégicos definidos, con ofensivas comunicacionales integrales y sobre la base de un tejido de diversos sectores muy articulado (partidos políticos, Ongs, think tanks, sectores académicos, gremios, etc.).

Enfoques

En este escenario, como trasfondo se puede apreciar las dificultades para articular políticas y estrategias comunicacionales, tanto en las esferas oficiales como en los movimientos políticos y sociales que propician tales cambios. De ahí, la persistencia de actitudes reactivas, ancladas a las matrices de los oponentes, y de respuestas dispersas y fragmentadas que priman en su accionar, por lo general en tono panfletario, cuando en el plano de las ideas lo que importa es confrontar las ideas fuerza del oponente, con el eje centrado en la contundencia argumentativa propia.

A nuestro entender, en gran medida esto se debe a que prevalece una visión instrumental de la comunicación que se limita a la herramienta unidireccional centrada en la información y la diversión, con los mismos patrones y formatos definidos por el poder del sistema dominante. Consecuentemente, la comunicación queda reducida a los medios masivos y el marketing (por extensión a las redes digitales), contemplando marginalmente a otras expresiones comunicativas y artísticas. Con esta visión, además, se deja de lado el componente relacional y dialógico propio de esta actividad humana, lo que redunda en el divorcio entre comunicación y cultura.

Ante la necesidad de analizar con aplomo el curso de los acontecimientos, conviene recordar que durante décadas, desde un posicionamiento crítico a tal enfoque, la comunicación popular ha asumido que más allá de transmitir, importa compartir, en términos dialógicos y participativos. Por lo mismo, rescata las condiciones de producción y reproducción social del sentido, dando particular importancia a las dinámicas organizativas y de movilización que son nodales para realmente emprender procesos de cambio. Como en la lucha por los cambios la disputa ideológica-cultural es la de mayor trascendencia, porque encara la cuestión de la hegemonía, es esta perspectiva que precisa ser potenciada en todos los niveles como soporte clave para hacer efectivo el protagonismo popular en tiempos complejos.

Osvaldo León, comunicólogo ecuatoriano, director de la revista América Latina en Movimiento.

Artículo publicado en la revista “La comunicación en disputa”, América Latina en Movimiento No. 513-514, mayo-junio 2016, http://www.alainet.org/es/revistas/513-514

 

Latinoamérica

LA JUSTICIA ARGENTINA SUSPENDIÓ "MI ESCUELA SALUDABLE"

El Federal

2El Juez Lisandro Fastman ordenó al gobierno de Horacio Rodriguez Larreta suspender el programa "Mi Escuela Saludable" que prentendia investigar, evaluar y asesorar acerca de la alimentación de los niños de la escuelas porteñas. El Programa era promovido por el ILSI, un Instituto que integran Monsanto, Coca Cola, Mondalez y Syngenta, entre otras multinacionales gravemente cuestionadas en todo el mundo por mala alimentación y contaminación ambiental.

El juez Lisandro Fastman, del Juzgado N°14 ordenó la suspensión del programa del gobierno porteño llamado "Mi Escuela Saludable", que pretendía investigar y evaluar la alimentación de los niños de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las empresas que auspiciaban este programa eran entre otras Monsanto, Coca Cola y Syngenta.

La presión de padres, cooperadoras de escuelas y la difusión que tuvo, cuestionaban que las principales empresas responsables del sobrepeso de los niños y de contaminar nuestro planeta eran las encargadas de evaluar y asesorar al gobierno acerca de la alimentación de los alumnos de todas las escuelas de la Ciudad.

Los encargados de llevar adelante estas evaluaciones a los niños eran nutricionistas de la Dirección General de Desarrollo Saludable (que depende del vicejefe de Gobierno, Diego Santilli), acompañados por la filial local de una fundación llamada Instituto Internacional de la Ciencias de la Vida (ILSI, por sus siglas en inglés).

El Instituto Internacional de las Ciencias de la Vida es una pantalla de RSE con la que las multinaciones pretenden bajar línea sobre cómo y qué comer. Lo más preocupante es que las multinacionales que integran esta sociedad son empresas vinculadas con los alimentos transgénicos, leches y golosinas de dudosa composición y contaminación del planeta.

¿Cuales son las empresas que integran este consorcio comercial? Basf Argentina S.A.; Bayer S.A.; Chacra Experimental Agrícola Santa Rosa; Coca-Cola de Argentina; Danone Argentina S.A.; Danone Nutricia ELN; Dow AgroSciences Argentina S.A.; DSM Nutritional Products Argentina S.A.; Mondelez International; Kromberg Fine Chemicals S.R.L.; Monsanto Argentina S.A.I.C.; Publitec S.A. Editora; Syngenta Agro S.A.; Unilever de Argentina S.A.

El Juez dictó la medida luego de que un legislador del Bloque de "Bien Público", Gustavo Vera presentara un escrito. En primera instancia el Magistrado ordenó al Jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta que suspenda inmediatamente el programa y que se abstenga de realizar las evaluaciones a los niños.

“De las constancias agregadas no se desprende con la claridad suficiente cuál es el rol que tendría la organización civil mencionada (ILSI) y también faltan elementos que permitan conocer el contenido y la extensión del programa”. El Juez además le pide al ejecutivo porteño "adjuntar copias certificadas de todas las actuaciones administrativas vinculadas con la evaluación prevista en el marco del Programa ‘Mi Escuela Saludable', en especial, las relativas a la intervención de la entidad privada ‘Instituto Internacional de Ciencias de la Vida' (ILSI)”.

"Mi Escuela Saludable" iba a actuar en 176 escuelas de la Ciudad en donde se habían monitoreado alumnos con sobrepeso. Coca Coca, por ejemplo, iba a a asesor qué deberían tomar estos niños, Monsanto qué comer, Mondalez llevaría el postre y Bayer cómo medicar alguna enfermedad. El Gobierno de la Ciudad, luego iba a comprar los productos.

“Es inadmisible que se le abra las puertas de las escuelas públicas a una institución que agrupa a empresas con denuncias. Es gravísimo, algo sin precedentes. Dentro de ILSI hay firmas como Monsanto, con toda su historia en torno a los agroquímicos; Syngenta, que contamina; Danone, que fue multada por exagerar los beneficios saludables de sus productos. Permitirles que ingreses a evaluar y dar consejos a los alumnos en las escuelas es poner el zorro cuidando al gallinero”, comentó Enrique Viale, referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Ecoportal.net
http://elfederal.com.ar/

 

BRASIL: DENUNCIAN PACTO GOBIERNO-MINERAS SOBRE DESASTRE MINERO

3El acuerdo entre el Gobierno de Brasil y las empresas responsables del derrame de 50 millones de toneladas de residuos de hierro en el sureño estado de Minas Gerais será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo a Sputnik Nóvosti la experta Camila Asano

"El Estado está haciendo firmar un acuerdo que resulta inviable" porque agrava las violaciones causadas por el derrame, dijo Asano, coordinadora de política exterior de la organización Conectas Derechos Humanos, que presentará la denuncia junto a otras siete entidades en las sesiones extraordinarias que desarrolla esta semana la CIDH en Santiago de Chile.

El acuerdo entre el Gobierno, las autoridades de Minas Gerais y Espírito Santo y las empresas Vale, BHP Billiton y Samarco fue ratificado por un tribunal el 5 de mayo y establece un comité interfederal y una fundación privada que administrarán los proyectos y recursos destinados a la recuperación de la amplia cuenca hidrográfica afectada por el derrame, que se considera el peor desastre ambiental de la historia de Brasil.

"En esos dos órganos la participación de la sociedad civil es extremadamente limitada", y se entrega "un poder desproporcionado a las empresas para definir lo que se debe hacer, mientras las autoridades públicas buscarán eximirse de sus propias responsabilidades y omisiones", dijo el abogado de Conectas, Caio Borges, en un comunicado.

En el derrame causado por la rotura de una presa en la sureña ciudad de Mariana murieron 17 personas y dos siguen desaparecidas.

Los casi 50 millones de toneladas de desechos de mineral de hierro se lanzaron al río Doce, el principal cauce de una de las más importantes cuencas hídricas y arrasaron pequeñas ciudades en su recorrido de 500 kilómetros antes de llegar al océano Atlántico.

El barro tóxico contaminó a su paso las aguas con metales pesados, mató animales y liquidó la economía de comunidades que viven de la pesca y de la pequeña agricultura.

El texto del acuerdo fue denunciado también ante organismos especializados de las Naciones Unidas.

El 17 de mayo, el nuevo ministro del Ambiente de Brasil, José Sarney (hijo), sostuvo que propondría revisar los términos del acuerdo para asegurar que las empresas hagan más para tomar en cuenta las demandas de las víctimas, pero sin suspender su vigencia.

Trece casos de minería versus derechos humanos

El desastre de Mariana es uno de los 13 casos que presentarán este miércoles ante la CIDH organizaciones no gubernamentales, de víctimas y académicas de Brasil para argumentar que los impactos de la gran minería y la siderurgia violentan los derechos humanos.

Por eso tales impactos no pueden ser "considerados meras externalidades o efectos colaterales de un modelo desarrollista", sostiene el documento de denuncia, al que tuvo acceso esta agencia. Entre esos casos se cuentan la mina de uranio de Caetité, en el estado de Bahía (nordeste), que ha contaminado con radiactividad las aguas de las que dependen los habitantes de dos municipios cercanos.

También figura en la denuncia la industria del acero en el pequeño barrio de Piquiá de Baixo, en el estado de Maranhão (nordeste), donde funcionan 14 altos hornos. El nombre del municipio, Açailândia (Acerolandia, en español) lo dice todo.

El agua de los casi 30 arroyos y ríos de la zona es captada por las acerías que la usan para enfriar los hornos y solo entonces la devuelven al río Pequiá para uso humano.

Para entonces el agua tiene una temperatura de casi 40 grados, un PH ácido, residuos de plomo y cromo por encima de lo permitido, lo que ha determinado la muerte de la vida acuática y la progresiva intoxicación de la población.

Luego de denuncias y demandas, la justicia ordenó a las empresas mudar a todos los habitantes a otro lugar, libre de contaminación, donde debían construirse sus nuevas viviendas.

Las denuncias incluyen la explotación de amianto (prohibido en 52 países por causar fibrosis pulmonar y cáncer) de la empresa Eternit en Goiás (centro-oeste) y la extracción y quema de carbón en el Complejo Termoeléctrico de Candiota en Rio Grande do Sul, que desde los años 70 ha causado varios tipos de contaminación, incluida la lluvia ácida que llegó a afectar al vecino Uruguay.

Fuente: http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20160608/1060528532/brasil-cidh-desastre-minero.html

 

MÉXICO, EN LA PEOR CRISIS SOCIAL DE SU HISTORIA. (SÍNDROME DE ANESTESIA COLECTIVA INDUCIDA)

Adrián Ramírez López*

Contralínea

4La peor crisis social que ha padecido México es la que hoy se vive: 200 mil víctimas desde 2006; 60 mil personas detenidas y desaparecidas; medio millón de desplazados internos, y un número indeterminado de personas torturadas y en prisión. Y la “seguridad”y “justicia” prometidas no llegan. Todo ha sido posible gracias a una mezcla de apatía y medio: el Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida La Reforma Educativa se impone a sangre y fuego, con cortinas de humo mezcladas con gas lacrimógeno. Vivimos una de las confrontaciones más violentas para acallar a la disidencia magisterial, desde las normales rurales hasta la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

No podemos empezar sin repasar lo que ha significado Ayotzinapa y los 43, a quienes “vivos los queremos”: Abel, Abelardo, Adán Abrajan, Alexander, Antonio, Benjamín, Bernardo, Carlos Iván, Carlos Lorenzo, César Manuel, Christian Alfonso, Christian Tomás, Cutberto, Doriam, Emiliano, Everardo, Felipe Arnulfo, Giovanni, Israel, Israel Jacinto, Jesús Jovany, Jonas, Jorge, Jorge Aníbal, Jorge Antonio, Jorge Luis, José Ángel, José Ángel Campos, José Eduardo, José Luis, Jhosivani, Julio César, Leonel, Luis Ángel, Luis Ángel Francisco, Magdaleno Rubén, Marcial Pablo, Marco Antonio, Martín Getsemany, Mauricio, Miguel Ángel, Miguel Ángel Mendoza y Saúl.

¿Cuánto nos tardamos en leer la lista de los 43? Ahora imaginemos la de los miles y miles de desaparecidos. Es impresionante imaginar la cantidad de dolor, de tristeza que significa acumular cada día de ausencia de una persona. La desaparición forzada de personas es el delito contra la humanidad más grave, incluso que la ejecución extrajudicial, la tortura o la prisión y tiene efectos que nosotros llamamos de tele-tortura.

Al decir teletortura no me refiero a la mala calidad de los programas televisivos o a su aburrido contenido, sino a los efectos que se trasladan en la distancia y en el tiempo para seguir causando dolor, temor y preocupación en las personas, familiares, amigos… y no sólo en las personas que están vinculadas al desaparecido, sino en la sociedad en su conjunto. La desaparición forzada es someter a las personas en la incertidumbre y torturante cotidianidad que no cesa en ningún momento y que con frecuencia asalta el recuerdo por el ser querido, imaginándolo en su día a día de ausencia.

¿Por qué recurrir a la desaparición forzada de personas? Porque precisamente este tipo de delitos contra la humanidad apuntan al carácter sistemático y generalizado de una violación a los derechos humanos. Desaparecer una persona tiene un alto costo en materia de riesgo. Normalmente se empieza con la amenaza. Y antes de la amenaza, la descalificación. Lo que se busca es aislar el entorno de alguien a quien se le van a cometer violaciones a los derechos humanos. Empieza buscando cómo descalificar, cómo hacer pensar que las acciones que esa persona realiza tienen fines distintos, que son alborotadores, que son personas que actúan simplemente para causar escándalo. Pero lo más grave es algo que vivimos nosotros: el Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida.

Éste se da como una condición previa y necesaria para cuando se pretenden cometer violaciones de carácter sistemático y generalizado a los derechos humanos, es decir cuando las violaciones se aplican como políticas de Estado. Para eso se utilizan los medios masivos de comunicación: éstos estarán lanzando señales, descalificando a grupos a los cuales se les pretende aislar del colectivo social, para después iniciar un proceso represivo de carácter gradual.

El Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida es la primera razón por la que, en las violaciones de derechos humanos, se tipifica al Estado como responsable. Por eso nosotros decimos que fue el Estado. Cuando se habla de Ayotzinapa decimos que fue el Estado. Sí, pero no hablamos de los estados sólido, líquido o gaseoso. Tampoco del Estado de México ni del estado de embarazo. Hablamos del Estado Nación, pero no en la noción jurídica del Estado. Nos divorciamos de la noción jurídica del Estado porque es una ficción y es una forma anestésica también de establecer la responsabilidad de un ente difuso y confuso.

El Estado lo conforma un territorio, una población y una soberanía, pero ese no es el Estado al que nos referimos, Ésa es la noción jurídica del Estado y ahí nos dicen que el Estado busca las relaciones armónicas entre los integrantes de la sociedad para propiciar el desarrollo. Con base en esa noción, nosotros decimos, “¡ah, qué bien!”. Pero las relaciones armónicas que propicia el Estado no se garantizan restringiendo los derechos de las mayorías y protegiendo a la minoría de poderosos. No se garantizan reprimiendo al magisterio e imponiendo su Ley.

¿Eso es una relación armónica? Por ejemplo, las empresas altamente tecnificadas se quedan con el 90% de la riqueza de la producción elaborada socialmente por las personas, es decir, con tan sólo un 10 por ciento de lo que a nosotros nos pagan. El 10 por ciento de nuestro jornal sirve para pagar toda nuestra jornada de trabajo. El otro 90% es el excedente del fruto de trabajo. Y eso el Estado lo acepta: promueve y defiende esa desigualdad extrema. Incluso cuando viene la negociación contractual, a los trabajadores sólo ofrecen un incremento del 4%, o sea, 2 pesos al salario mínimo. Y además nos va obligando a renunciar a nuestras prestaciones sociales.

La primera violación a derechos humanos, la más grave, la más sistemática que hay en nuestro país, la comete un ente que nunca ha recibido una recomendación de ningún órgano público ni de un ámbito internacional ¿Saben cómo se llama ese ente? Comisión Nacional de Salarios Mínimos. En el artículo 123 se establece que el salario mínimo debe ser suficiente para que un jefe de familia provea de vida digna y desarrollo a esa familia. Se entiende que dicho salario contempla también el salario que tienen que ganar los que no tienen un salario propiamente, pero que son parte de esa familia, y que son quienes hacen un trabajo en casa, son hombres, mujeres, esposas, hijos o hermanos.

En fin, sólo un ejemplo de que el Estado no es ese órgano conciliador que armoniza las relaciones entre los que vivimos en la sociedad. No, el Estado, en su noción política y sociológica, es el instrumento de control de una clase poderosa que somete al resto de la población para mantener un estado de cosas que le sea benéfica.

¿Por qué es importante decirlo? Porque entonces los medios masivos de comunicación –que no son el gobierno, pero sí parte del Estado– se ocupan de promover este Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida. Eso es muy importante, porque garantizan que el pueblo vea lo que ellos quieren. Así, nosotros vemos imágenes de cómo están golpeando a los manifestantes de la CNTE o de las normales rurales en una marcha, mientras el reportero dice “vean el enfrentamiento entre los vándalos de los grupos anarquistas que están desestabilizando, que se enfrentan a la policía”. Y así legitiman la represión, el desalojo. Nada dicen de sus justas demandas.

En Ayotzinapa, en todas las movilizaciones de las normales rurales y del magisterio disidente o de cualquier otro, ésa es la tónica constante: las fuerzas policiacas y militares hostigan y amenazan, encapsulan a los manifestantes y los obligan, la mayoría de las veces, a enfrentarse. Incluso hasta vemos a “los pobres policías” “aguantando” con sus escudos y sus garrotes, todos debidamente protegidos, “aguantando”que les arrojaron botellas de plástico, o que algún infiltrado arrojó una piedra o un cohetón.

La policía y las Fuerzas Armadas no son utilizadas para dialogar con los manifestantes. Son utilizadas para impedir el pleno ejercicio de sus derechos legítimos, sus derechos civiles y políticos. Queda fuera la vía de la negociación política y entonces se recurre a la represión. Incluso, de paso, a la modificación del marco jurídico para propiciar que conductas, que antes no podían ser tipificadas como delito, hoy sean parte de las normas jurídicas vigentes y se pueda reprimir.

Por ejemplo, supuestamente el manual sobre el uso de la fuerza se basa en el manual de la Organización de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza. Inclusive ahí se dice que las leyes se aplican respetando los derechos humanos, y hacen legítimo el uso de las armas poco letales, tales como los bastones de electrochoque, los gases pimienta y lacrimógeno y las balas de goma, las cuales ya han causado estragos importantes a manifestantes. Ejemplo de ello: la Ley Eruviel.

Estas armas “poco letales”, le causaron la muerte Alexis Benhumea y Javier Cortés en Atenco, en 2006, así como lesiones a Uriel Sandoval y Kuykendall, quienes participaron en la manifestación del 1 de diciembre del 2012, y la muerte de un joven en Puebla por la Ley bala promulgada el 19 de mayo de 2014. A consecuencia de ella murió el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo el 9 de julio del mismo año. O la Ley del garrote de Chiapas del 4 de junio de 2014.

El Estado mexicano va cambiando su marco jurídico para propiciar un nuevo estado de cosas, en las que reprime y viola los derechos humanos, basado en una legalidad que le da impunidad.

El 11 de septiembre, en la actualidad lo recordamos por tres acontecimientos: el asalto a la Moneda en Chile en 1973, por el derribamiento de las Torres Gemelas en 2001 y sus miles de muertos y por el inicio del estatuto antiterrorista en todo el mundo, el cual se abrió paso utilizando la Convención de Palermo para la persecución internacional de los delitos de la delincuencia organizada (1). La Convención de Palermo se pretextó para el estatuto antiterrorista de Estados Unidos, que se tradujo en todo el mundo en leyes de excepción que fortalecieron el uso de la fuerza, la militarización y el estado de guerra en México.

En la actualidad existen dos países en el mundo que pueden aplicar la tortura como método lícito de investigación: Estados Unidos e Israel. Y estos dos países, junto con Colombia, son los que se han encargado de asesorar al Estado mexicano en todo el proceso que viene desde la implantación del neoliberalismo en el sexenio de Miguel de la Madrid hasta el gobierno de “el innombrable” Carlos Salinas de Gortari, en el que se dio el banderazo de salida para la franca militarización y que el Ejército hiciera labores de policía, creando un nuevo modelo de persecución de los delitos.

¿Cómo se pudo imponer este modelo de seguridad nacional, este modelo de aplicación del estatuto antiterrorista en nuestro país? Bueno, recurrimos nuevamente al Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida. Los grandes medios de comunicación empezaron a pasar programas de televisión en los que se exhibía la crueldad con la actuaban los delincuentes, donde exhibían la corrupción que había en los cuerpos policiacos. Seguramente ustedes recordaran aquellos programas sanguinarios tales como: “Así fue”, “Así ocurrió”, “Duro y Directo”, programas en los que se exaltaba cómo los delincuentes entraban a la cárcel para salir en seguida. Los medios repetían al infinito que los habían dejado en libertad debido a que habían llegado los de “desechos humanos”, y esos nada más defienden a delincuentes. Una categórica y total falsedad. Los defensores de derechos humanos nunca hemos pedido eso. Siempre hemos pedido el uso suficiente y racional de la fuerza. Nunca nos hemos opuesto a que un delincuente reciba el castigo que merece. Sin embargo, esta es una posición de diversionismo ideológico que crea deliberadamente confusión y rechazo.

Los opinólogos dicen que la sociedad se ve secuestrada porque hoy los delincuentes tienen más derechos que las víctimas. Ése no es el asunto, eso es sólo diversionismo ideológico, porque la causa es la corrupción la que provocó todo eso. Empero estos programas llevaron a que la gente empezara a sentirse molesta y enojada con policías, con ministerios públicos, con agentes ministeriales, con los de la policía judicial, etcétera.

La génesis estructural es la corrupción y el tráfico de influencias, porque policías y ladrones son dos caras de una misma moneda, donde los ladrones a veces son robados por los policías y los ladrones de poca monta son incorporados a la cadena de corrupción, los ponen a trabajar y entonces el ladrón ocasional empieza a ser obligado a delinquir o se le exhibe como el más peligroso o sanguinario, además de que va siendo inducido a tener otro modelo sociológico de comportamiento.

Ahora bien, los medios de comunicación contribuyen al modelo sociológico de la violencia estructural hasta llegar a la generación de los jóvenes “Final Destiny”, que vienen a provocar un cambio en el comportamiento de los chavitos. Mientras tanto, con la Reforma punitiva –corrijo: Educativa– se cambia y desecha todo el contenido social y de solidaridad humana, mientras los programas de televisión promueven la agresión, la violencia, incluso la violación como forma de obtener placer.

Muchos programas son tan violentos que incluso se han presentado casos de niños convulsionando, con ataques de epilepsia inducida por la fuerza que tienen este tipo de programas, tan excitantes: para eso fueron muy bien diseñados. También se van presentando con mayor frecuencia casos (por lo menos hay dos casos recientes documentados) de menores en edad preescolar (4 y 5 años) que han abusado sexualmente de compañeritas de su misma edad, porque no hay cuidado que el limite el acceso a los menores.

Una vez que ya se instaló esta generación play station y ya que los delincuentes son cada vez más violentos, se ha impostado en nuestro país un cambio en el patrón criminológico de composición de la delincuencia. Este cambio criminológico fue muy drástico y muy dramático, de manera que se promueve entre los jóvenes la violencia extrema. La guerra está lista.

En la actualidad tenemos estos factores aditivos, adictivos y promovidos por los medios masivos de comunicación. El cambio inducido hacia la aceptación de la guerra que el Estado Mexicano comenzó a organizar y que nos lleva a la preguntar: ¿hay delincuencia organizada?

Sí, ¿quién organizó la delincuencia? Los gobiernos y el lobby de las empresas que influyen a los gobiernos de Estado Unidos y México. Fue a través de los operativos: primero “Receptor Abierto” en la administración de Bush padre y luego los operativos “Rápido y Furioso” (2) de Bush hijo, los que permitieron la introducción de armas a México, es decir, el país se inundó de armas cada vez más poderosas, y a los narcotraficantes que no estaban organizados se les ayudó con el lavado de dinero para que pudieran hacer sus negocios y desarrollarse mientras los encapuchados más peligrosos amasaban las grandes fortunas.

¿Cuáles son los encapuchados más peligrosos? La Policía Federal, la Gendarmería… no, no, estos encapuchados son peligrosos, pero no. Los infiltrados en las manifestaciones embozados, tampoco. Los encapuchados más peligrosos, los que no se dejan ver, los que tienen su propia sociedad, la verdadera delincuencia más organizada, se hacen llamar los SA, los S de RL, y no me refiero a los pequeños y honestos empresarios, sino a los grandes y poderosos. Esos sí son peligrosísimos, los de las sociedades anónimas, los de las sociedades de responsabilidad limitada, los del secreto bancario, los del secreto hacendario, esos son los peligrosos. Porque mientras haya el secreto bancario, el secreto hacendario y las sociedades anónimas, habrá la posibilidad de generar riqueza, inexplicable para ellos, muy explicable para nosotros.

¿Dónde creen que están los paraísos para el lavado de dinero y para traficar los recursos? ¿Dónde? ¿En las islas Caimán, en los paraísos que recientemente han sido señalados en los papeles de Panamá los famosos Panamá papers? Sí, en esos lugares.

No obstante, el lugar donde está el verdadero paraíso se llama Suiza, todos los poderosos del planeta se reúnen ahí. Es el lugar donde no hay violencia, donde no hay Ejército, donde la Guerra Mundial se paraba y decía hasta aquí, allá no nos vamos a meter porque ahí está nuestro dinero, porque ahí está nuestro capital; es un paraíso porque ahí no se usan nombres, se usan números de cuenta y con el puro número de cuenta se tiene y se transfiere una gran cantidad de riqueza sin la necesidad de usar billetes o monedas.

Los verdaderos encapuchados, auspiciados por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por la Organización Mundial de Comercio, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), son tan perversos, que aun cuando unos investigadores podrían encontrar la cura para una enfermedad, y sintetizar una pastilla que cuesta 5 centavos fabricarla, las farmacéuticas deciden venderla en 50 o 500 dólares, gracias a que la OCDE le da los derechos de la patente para explotarla durante 20 años. Esto produce un atraso en el derecho al desarrollo y al disfrute en la ciencia y le tecnología de cualquier persona en cualquier parte del mundo, eso no importa, la salud no importa, ellos no buscan aliviar las enfermedades, buscan siempre la máxima ganancia.

Finalmente, decíamos que se creó un caldo de cultivo para que la violencia aflore con mayor intensidad: policías corruptos, ministerios públicos corruptos… y los exhibimos públicamente, entonces, ese Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida, pide al Ejército que haga labores. Así, de manera gradual, desde el sexenio Carlos Salinas.

La de hoy no es una de las crisis más graves. Es la más grave crisis de toda la historia de México desde el momento de su fundación. No es cuando el Chicharitofalló el gol del Mundial. Es un asunto gravísimo de cómo crear un marco sociológico, político, jurídico y económico para producir cerca de 200 mil víctimas desde 2006 hasta la fecha, más de 60 mil personas detenidas y desaparecidas, más de medio millón de desplazados internos, miles y miles de personas torturadas, miles y miles de personas en prisión, la mayoría por delitos prefabricados. Y lo peor de todo eso, no tenemos ni seguridad, ni justicia, los escándalos mediáticos se vinieron en un proceso sucesivo grave y que la mayoría de los mexicanos no conocemos porque vivimos los estragos del Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida.

Ésta es la crisis en la que por fin se imponen a sangre y fuego las reformas estructurales y se pretende aniquilar toda oposición. La noche oscura sigue su camino y no se detiene, se suspenden garantías, se impone el estado de sitio y a los maestros se les secuestra masivamente, se les detiene, encarcela en centros de máxima seguridad y se gastan los recursos del pueblo en la represión y en pagar los trajes finos, los perfumes caros y el pulcro peinado de los que ordenan la represión.

El Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida perpetua el terror, el negocio de la guerra y la Reforma Educativa y su implantación evalúan al Estado mexicano que no pasa ni de panzazo. Reprueba en: formación cívica y ética, por usar los recursos del pueblo en reprimir; en ciencia sociales, porque permite la desigualdad social; en matemáticas, porque el voto no representa a las mayorías, no suma, sólo resta, no multiplica, divide al pueblo; y está reprobado en historia porque no aprende que, a 10 años del movimiento de la asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) el movimiento magisterial continúa a pesar de la brutal represión.

Para revertir el Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida, es necesaria la búsqueda de la información y tener garantizado los derechos a la información, a la verdad y a la justicia, por ellos luchamos, conocer nuestros derechos para defenderlos y que el pueblo siga siendo garante de sus derechos.

NOTAS
Adrián Ramírez López*
(*) Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
1.- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos.
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/
TOCebook-s.pdf
2. El diario estadunidense Los Ángeles Times reveló que entre 2006 y 2007, antes de que se pusiera en marcha el fallido operativo Rápido y Furioso, la oficina de Administración contra el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) utilizó intermediarios para adquirir armas e introducirlas de manera ilegal a México a través del programa denominado Receptor Abierto (Wide Receiver).
3.Es el nombre dado por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, información por parte de una fuente no identificada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que posteriormente compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte. Los implicados contrataban con el bufete de abogados consultores de empresas Mossack Fonseca, servicios para fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal de modo tal que cumpliesen con el objetivo primario de “ocultar la identidad de los propietarios”. Obermayer, Bastian; Frederik, Frederik; Wormer, Vanessa; Jaschensky, Wolfgang (3 de abril de 2016). “Panama Papers Die Geheimnisse des schmutzigen Geldes” (Panama Papers, los secretos de los dineros sucios)

fuentes:
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/06/09/mexico-en-la-peor-crisis-social-de-su-historia/

PERÚ: ESCENARIO SOMBRÍO

Editorial de La Jornada

5El candidato liberal Pedro Pablo Kuczynski se perfila como el presidente electo de Perú al adelantar a Keiko Fujimori con 12 mil 562 votos, una ventaja considerada irreversible cuando falta por computar únicamente 173 de las más de las 73 mil actas de la segunda vuelta realizada el domingo 5. De acuerdo con este resultado, el veterano político obtuvo 50.12 por ciento de los votos frente a 49.88 por ciento de su contendiente. Pese a esta apretada victoria, el gobierno entrante deberá enfrentar una oposición fujimorista que contará con mayoría parlamentaria absoluta al haber obtenido 73 de los 130 escaños en el Congreso. No puede soslayarse que el proyecto construido por el fujimorismo es en realidad el de un grupo delictivo arropado por la institucionalidad política, el cual resulta particularmente peligroso por la base de apoyo social construida a partir del reparto de recursos cuyo origen nunca ha sido aclarado. Por ello, constituye un motivo de alivio para la sociedad peruana el que se haya logrado derrotar a la mafia encabezada por Keiko Fujimori desde que su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, fue encarcelado por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante su gobierno (1990-2000).

Sin embargo, es difícil depositar expectativas de cambio en la figura de Kuczynski, un miembro de la vieja clase política oligárquica que desde hace medio siglo ha combinado su papel de directivo en grandes trasnacionales con el ejercicio de la política. Su ideario de neoliberalismo irrestricto y su cercanía con la industria extranjera de la energía y las minas permiten anticipar una falta de novedades frente a las políticas implementadas por sus antecesores, las cuales enfrentan una oposición creciente de amplios sectores sociales y se han mostrado incapaces de responder a las carencias crónicas del país.

El actual resultado electoral se inscribe en la lucha que ha signado a la política peruana desde que Alberto Fujimori desplazó a la clase gobernante tradicional con el llamado autogolpe de 1992, un proceso que incluyó la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial. Es deplorable que un cuarto de siglo más tarde, la disputa por la Presidencia siga siendo una lucha entre estas dos facciones políticas, y no un proceso que contraste alternativas para resolver los graves conflictos sociales acumulados en Perú.

Cabe recordar que el mandatario saliente, Ollanta Humala, llegó al gobierno gracias a un discurso crítico hacia las medidas neoliberales que habían exacerbado la desi-gualdad económica y atizado el descontento social, pero ya en el poder se plegó a esa misma lógica de corrupción institucional. Este viraje muestra la capacidad de las facciones tradicionales para neutralizar propuestas transformadoras y explica el tremendo desgaste del mandatario saliente, quien deja el cargo con una aprobación de apenas 17 por ciento.,En un escenario tan sombrío para la nación andina, cabe hacer votos porque Kuczynski lleve adelante al menos una administración honrada y con sentido de país, más allá de las limitaciones que su proyecto permite vislumbrar desde ahora.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/06/10/opinion/002a1edi


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